El sindicato STEC-IC pidió ayer a las Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias que dote a los centros educativos de un técnico en prevención de riesgos laborales y rechazó que esta labor la tengan que realizar los directores y coordinadores de los centros.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el sindicato subraya que en la actualidad las tareas encomendadas a los directores y coordinadores de los centros en esta materia excede "con mucho" en las competencias que estos tienen y, además, señala que la formación que se requiere para este cometido no tiene nada que ver con el perfil profesional de un docente, que se ha formado para otras funciones y que carece del asesoramiento adecuado y de medios necesarios.
Agrega que numerosos directores se han visto obligados a desempeñar estas funciones, así como muchos docentes ejercen de coordinadores al carecer su centro de un técnico en prevención de riesgos laborales debidamente titulado. El sindicato afirma que esta situación se ha planteado en numerosas ocasiones a la Consejería, a la que acusa de abandonar sus competencias y de dar escasa importancia a la seguridad y salud en el trabajo.
El STEC indica que como prueba de ello es "el ínfimo número" de técnicos cualificados del Servicio de Prevención con que cuentan (4 técnicos y 1 administrativo para toda Canarias) que no pueden abarcar la cantidad de situaciones que requieren de su atención.
"Se necesitan recursos humanos y medios materiales suficientes así como dotar a todos los centros de técnicos en PRL", destaca la organización sindical en la nota, que señala que una empresa con más de 500 trabajadores necesita crear un servicio propio de prevención con, al menos, un técnico superior.
"Una plantilla de 25.000 docentes más el personal de PAS requeriría, proporcionalmente, una multiplicación de efectivos de los que carecemos" agrega.
La incorporación de estos profesionales redundaría en mayor seguridad en los centros educativos, pero también en la calidad de la formación, ya que los docentes no tendrían esta carga añadida.