La nueva Ley de Servicios Sociales permitirá pasar de un sistema asistencial a uno basado en derechos universales, pero su camino será largo. Eso es lo que piensa el Consejo Económico y Social (CES), que valora la aprobación de este nuevo marco, pero advierte en su dictamen sobre el anteproyecto de ley de que la norma "precisa de un alto nivel de desarrollo reglamentario en la práctica totalidad de áreas que contempla" y que su aprobación, "sin el desarrollo que precisa, no tiene aplicación tangible a la ciudadanía". Añade, además, que "teniendo en cuenta la compleja estructura competencial que despliega, la generación de reglamentos puede ser ardua y de largo recorrido".

Además, el organismo consultivo -aunque entiende las dificultades de prever escenarios futuros- echa en falta una memoria económica más detallada del coste y la financiación de esta nueva ley. Según el CES, "no consta en toda la documentación que acompaña al anteproyecto de ley información suficiente del coste de implantación de la norma, así como de su financiación".

En la remisión del último texto normativo - "el tercero que conoce este Consejo"-, se añadió una "Memoria de Impacto Económico del Anteproyecto de Ley". "En el documento, que se realiza con datos de 2017, el resultado del coste para la Comunidad Autónoma de Canarias es similar al del año anterior y para las actividades incrementales no realiza estimación de coste, remitiéndolo a un futuro desarrollo".

"Los cambios que prevé el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias son significativos -señala el dictamen-, y también es cierto que el actual anteproyecto de norma necesita de desarrollo reglamentario para conocer su alcance preciso". Teniendo en cuenta todo el trabajo que queda por delante, el CES opina que "es muy aleatorio fijar escenarios de actividad de futuro para estimar los costes precisos y la financiación necesaria".

A pesar de las puntualizaciones que hace el Consejo -entre las que se incluye una advertencia sobre el solapamiento de competencias entre las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales en relación a la nueva cartera de servicios-, el organismo valora la oportunidad de esta actualización de la ley vigente, que tiene ya 20 años, puesto que da respuesta a "una necesidad ampliamente demandada por la sociedad canaria".

El texto normativo universaliza los derechos sociales, de manera que se considera que todos los ciudadanos, en algún momento de su vida, harán uso de los servicios que desarrollará la norma. No obstante, establece colectivos "especialmente susceptibles de ser atendidos", entre los que destacan las personas con alguna discapacidad o mayores dependientes, pacientes de salud mental, enfermos crónicos, personas convalecientes o con patologías terminales.