La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias destinará en 2018 un total de 21 millones de euros a combatir la pobreza y exclusión social. De este total, el Ejecutivo canario aportará 15 millones de euros y el Gobierno del Estado, 6 millones.
En la Comisión de Presupuestos y Hacienda, Cristina Valido quiso desterrar la idea de "mentira o trampa" que han denunciado algunos grupos de la oposición con respecto a 15 millones de euros que aparecen en el capítulo de Dependencia y no en el ya anunciado plan de pobreza, y aclaró que se trata de un error porque estos fondos son para inclusión social.
La consejera explicó que estos 15 millones se van a desgranar en medidas que servirán no sólo para mejorar las ayudas económicas, sino también para la mejora del personal de los equipos base que gestionan la Prestación Canaria de Inserción (PCI), de manera que puedan dar una respuesta "más rápida y eficaz" a la incorporación de personas al sistema.
En cuanto a las cuentas de la Consejería, Valido detalló que contará en 2018 con un presupuesto de 700 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 17% -casi 100 millones- que responde a cuatro políticas: plan de infraestructuras sociosanitarias (43 millones), medidas contra la pobreza (15 millones), empleo, y vivienda (más de 10 millones). Asimismo, el gasto en personal crece un 7%.
La consejera reconoció que siempre hacen falta más recursos; sin embargo, apuntó que aunque Canarias está viviendo un escenario de mejora económica, "al final hay que distribuir los fondos que se tienen". En cualquier caso, cree que las cuentas pueden ser mejoradas en el trámite de enmiendas y con futuros acuerdos con el Estado.
Uno de los aspectos más criticados por la oposición fue que la mayor parte del presupuesto se destine al plan de infraestructuras sociosanitarias. A este respecto, Valido remarcó que existen "miles de personas en lista de espera desesperadas porque no encuentran una cama y porque las prestaciones económicas no les resuelven su situación".
"Necesitamos más plazas públicas porque con el envejecimiento de población que nos viene no podemos esperar. Esas plazas son absolutamente necesarias y si no empezamos ya, no vamos a llegar. Tenemos que tener un mínimo de 8.000 plazas que den salida a las situaciones de mayor emergencia", subrayó.
UNA "BUENA NOTICIA".
Por el Grupo Mixto, Melodie Mendoza consideró una "buena noticia" que el presupuesto de la Consejería haya aumentado en más de 99 millones, pero consideró que esta cifra resulta "insuficiente" para cubrir las "múltiples necesidades" de la Comunidad Autónoma.
El portavoz de NC, Román Rodríguez, señaló que si algo caracteriza a la sociedad canaria es "la injusticia, la desigualdad y el mal reparto de la riqueza", una situación que, dijo, no se va a resolver con la "cantinela" del cambio del modelo productivo, sino con las políticas sociales.
Román Rodríguez afirmó que el presupuesto de la Consejería no tiene en cuenta la "gravedad" de la situación por la que atraviesa Canarias, pues más de la mitad va a infraestructuras y "cemento" para los próximos años y los 55 millones restantes "a todo lo demás". También consideró una "trampa" que no se aclare si los 15 millones del plan contra la pobreza irán a este plan o a dependencia.
La diputada Noemí Santana (Podemos) incidió en que este presupuesto "no es el que necesita Canarias" porque viene a cambiar "en nada" el modelo productivo del archipiélago. Asimismo, criticó que el Ejecutivo siga apostando por "políticas continuistas" que ya han dado "malos resultados".
Frente a estas políticas, Noemí Santana abogó por la puesta en marcha de una renta básica al entender que es la "mejor medida" para ayudar a la ciudadanía a salir del "bucle" de la pobreza. Además, propuso que se duplique la dotación del plan de pobreza, ya que supone solo un tercio de lo que se destina a gastos imprevistos y funciones no clasificadas.
José Tomás Estalella, del Partido Popular, recalcó que este presupuesto es fruto de los acuerdos alcanzados con el Gobierno del Estado y también pidió a la consejera que se "vuelque" en aquellas medidas que sean capaces de generar empleo. Mientras, su compañera de grupo Josefa Luzardo se quejó de que la mayor parte del presupuesto vaya al plan de infraestructuras sociosanitarias.
La diputada socialista María Teresa Cruz censuró que todas las partidas de las cuentas de la Consejería disminuyan, a excepción de la partida de dependencia. También criticó que se intenten "maquillar" los 15 millones del plan contra la pobreza destinándolos a dependencia. En su opinión, este presupuesto "es injusto porque tiene un desequilibrio territorial, no favorece la inclusión social y es claramente insuficiente".
Por último, la portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Elena Luis, quiso dejar claro que el incremento de los recursos son "perritas de Madrid" y valoró que más de 5.800 millones de euros del presupuesto de 2018 vayan a políticas sociales.