La educación ha ido perdiendo peso en los presupuestos de la Comunidad Autónoma durante los últimos 18 años. En el año 2000 suponía el 30,7% del total de fondos de la Comunidad Autónoma y hoy apenas el 20%. Los datos, extraídos de un informe elaborado por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en el que se evalúa "el esfuerzo" que ha hecho el Gobierno canario en enseñanza, ponen de manifiesto, en opinión de la organización, la persistencia de "una política de miras cortas", ya sea en tiempos de crecimiento económico o expansión. Si el Archipiélago fuera un país europeo, "solo Rumanía daría menos importancia a la educación en sus presupuestos", pero no es una situación excepcional en la historia de las Islas.
El secretario general de la federación, Juan Jesús Bermúdez, también advirtió ayer en la presentación del informe que si se tiene en cuenta la inversión que hace la Comunidad Autónoma en función de su Producto Interior Bruto (PIB) -un 3,5%-, se observa que el Archipiélago se aleja de la media estatal -4,1%- y comunitaria -4,9%-.
A pesar de que el presupuesto de educación aumenta en 2018 en 100 millones de euros, ese incremento no es proporcional al crecimiento que hacen los presupuestos canarios, que son los más altos de su historia y suponen casi 1.000 millones más con respecto al año anterior.
"Hace 20 años se destinaban uno de cada tres euros a educación y hoy se invierte uno de cada cinco", señaló Bermúdez. "Cada vez se apuesta menos por la enseñanza pública. La realidad, aunque la Consejería siga diciendo que sube el presupuesto, es que a Canarias le queda un buen trecho para alcanzar la media comunitaria y que no se está trabajando para reducir esa brecha", lamentó el dirigente sindical.
José Ramón Barroso, secretario de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO, se manifestó en el mismo sentido y calificó la política de la Consejería de "cicatera, propia de trileros, magos o ilusionistas".
El sindicalista ironizó con que cada año la Consejería asegura que mejora el presupuesto educativo, con independencia del equipo que gestione, pero que, al mismo tiempo, en pleno 2018 el sistema educativo de Canarias tiene a su disposición presupuestos inferiores a los que manejaba en 2008. "Estamos trabajando con cuantías de hace más de una década", señaló con preocupación.
En este contexto, para CCOO, aspirar a que se cumpla el mandato contemplado en la Ley Canaria de Educación, que establece una inversión del 5% del PIB en 2022, es una utopía. En 2018, Canarias invertirá el 3,67%, apenas una décima más que el año pasado. "Creer que en cuatro años vamos a alcanzar ese 5% no es realista".
En términos absolutos, la inversión prevista en educación para 2018 dista aún de la de hace 10 años, pues en 2008 fue de 1.696 millones de euros y en 2018 será de 1.659.
José Emilio Martín, miembro del gabinete de estudios y del Consejo Escolar de Canarias, incidió en que "si el presupuesto general de Canarias para 2018 crece un 12,86% (938,64 millones de euros) y el presupuesto de educación aumenta solo un 6,5% (100,83 millones de euros), lo que ocurre realmente es que se reduce la inversión en educación" y se "sigue incumpliendo la Ley Canaria".
En otras palabras, "se miente" a la ciudadanía, especialmente "a los más desfavorecidos, que dependen de la educación pública para mejorar sus vidas", denunció. "En realidad se está incrementando el enorme desajuste existente en educación; como en el resto de los años de este siglo se continúa con los brutales recortes en la enseñanza".
"CCOO no quiere ni puede olvidar que la inversión más rentable para la sociedad es siempre la que se realiza en la educación y ese fue el compromiso del Pacto Social, Político y Económico por la Educación" promovido por el Consejo Escolar.
Reunión con los grupos parlamentarios
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras no cree que haya mucho margen de maniobra, pero aún así tiene previsto reunirse con los grupos parlamentarios para trasladarles propuestas de mejora. El sindicato plantea en su informe varios escenarios posibles, pero se decanta por uno, no el más ambicioso pero sí el más realista: que el incremento presupuestario para 2018 sea proporcional al de 2009. "Es decir, si ese año el presupuesto total de la Comunidad Autónoma fue de 7.484,3 millones de euros y la partida de educación de 1.735,5 millones, a los 8.239,2 millones de euros del presupuesto general para 2018 les debería corresponder 1.910,5 millones en educación, es decir, unos 250,8 millones de euros más que lo que se está presupuestando ahora mismo". Si el Gobierno apoyara esta propuesta, la inversión educativa de la Comunidad Autónoma supondría el 4,34% de su Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, aún tendría camino por recorrer para alcanzar el 5% que está establecido en la Ley Canaria de Educación, una norma que fue aprobada tras una iniciativa legislativa popular.