El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, informó ayer de que como resultado de las inspecciones realizadas se han tramitado 39 denuncias por deficiencias en ascensores y se han emitido resoluciones para paralizar la actividad de otros 24.
El consejero indicó en una comisión del Parlamento que la Comunidad Autónoma ha elaborado un borrador de decreto respecto a la seguridad y mantenimiento de ascensores y se ha fijado hasta el 24 de noviembre el plazo para recibir alegaciones, además de que en esta legislatura se han aprobado dos instrucciones en este ámbito.
Ortega detalló que en las Islas hay unos 30.000 ascensores y se han realizado 277 inspecciones entre 2013 y 2017, que han dado como resultado 19 denuncias el año pasado y 20 en los meses transcurridos de este.
Asimismo se han enviado 102 cartas a titulares de instalaciones para requerir el cumplimiento de las inspecciones periódicas obligatorias, lo que ha dado como resultado 24 resoluciones de paralización de ascensores hasta que no se cumplimente dicho trámite.
Además, y para paliar la escasez de personal técnico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la Consejería trabaja para dotar una plaza vacante de jefe de sección de Seguridad Industrial.
Añadió el consejero que una vez aprobado el decreto será preciso adoptar nuevos criterios técnicos específicos tanto para las inspecciones periódicas como para los organismos encargados de su control.
Por su parte, Gustavo Matos celebró que a día de hoy no se hayan producido accidentes en Canarias como los graves siniestros ocurridos en ascensores de Madrid y Andalucía, pero conminó al consejero a aprobar cuanto antes la normativa en cuestión, que sería una especie de ITV para garantizar la seguridad de estos aparatos.
La diputada del PP Ástrid Pérez afirmó que la normativa actual en esta materia tiene lagunas y advirtió de que otras comunidades autónomas ya han aprobado el decreto en esta materia, lo que a su juicio implica que "como siempre" las islas se sitúan "a la cola".
Concepción Monzón, diputada de Podemos y solicitante de la comparecencia, pidió que se cuente con todos los operarios del sector a la hora de desarrollar los reglamentos porque, dijo, hay dudas de que incluso ascensores ya revisados cumplan la normativa. Monzón afirmó que muchos trabajadores se encuentran "saturados y presionados" y no tienen tiempo de hacer las inspecciones en condiciones
Hay prácticas de contratar técnicos por horas y algunas empresas no utilizan en las reparaciones piezas originales, sino que las sustituyen por otras de menor coste, agregó la parlamentaria, quien solicitó que se regule un "Libro de mantenimiento" para los propietarios de las instalaciones.