Santa Cruz de Tenerife
JOSÉ TRASOBARES JEFE DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA

"La presión inspectora está haciendo cambiar muchas conductas"

Miguel Gómez, S/C de Tenerife
12/nov/17 2:46 AM
Edición impresa

José Trasobares dirige la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife, un servicio público mixto -pertenece al Estado pero su jefe funcional es el Gobierno canario- que ahora está embarcado en el nuevo plan especial de actuación para las Islas, que ha destinado diez nuevos inspectores de refuerzo a Tenerife.

¿Hasta qué punto está extendido el fraude laboral?

La provincia estaba en torno a un 29% de fraude laboral en 2016. A fecha de hoy tenemos 1,3 puntos menos, un 27,5% de fraude intersectorial, entendido como economía sumergida pura y dura, empleo irregular (el trabajador está dado de alta pero su jornada está infradeclarada o tiene un contrato temporal sin causa) y fraude en la cotización a la Seguridad Social. En 2012 el Gobierno de España aprobó el Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y Fraude en la Seguridad Social, que fue un excelente instrumento de actuación: se reforzaron plantillas, se firmaron convenios de colaboración para intercambio de información y se introdujeron reformas normativas agravando determinadas conductas. Eso nos ha permitido combatir el fraude en un momento de crisis muy duro. Recuerdo en 2013 o 2014, cuando teníamos 20 o 25 expedientes de regulación de empleo semanales durante un año. Era terrorífico.

¿Fue ese el peor momento?

Sí. A partir de ahí empezamos a notar una leve mejoría y hoy es anecdótico. Ahora entran muy pocos. A ese plan del Gobierno central han de añadirse los diferentes convenios suscritos entre el Ministerio de Empleo y el Gobierno canario para combatir el fraude en el empleo, como es el plan especial de actuación inspectora de 2017.

¿Cómo ha evolucionado cada una de las situaciones en las que consiste el fraude laboral?

Como siempre, la hostelería acapara el mayor protagonismo. Me refiero a la hostelería no alojativa -bares, restaurantes y ocio nocturno-, y no a la alojativa, donde tiene mucha menos presencia. En la no alojativa, las cifras siempre han andado en torno al 40% e incluso llegaron a superarlo. La buena noticia es que también ha bajado y está en el 37,1%. La presión inspectora está haciendo cambiar conductas y muchos empresarios prefieren estar dentro de la legalidad. Otra cosa que ha llamado la atención es la reducción del volumen de economía irregular en la construcción, nada menos que seis puntos desde el año pasado. La reactivación del sector ha hecho que las empresas prefieran estar en orden.

¿Es la construcción un sector en el que se ha dado especialmente la economía sumergida?

Sí. Fue el sector más golpeado por la crisis. Algunos de los trabajadores que se quedaron desempleados decidieron hacer cáncamos: pequeñas reformas, dos o tres trabajadores que al mismo tiempo percibían los subsidios de desempleo? Se dispararon los niveles de incidencia. Desde que se ha reactivado el sector, todos esos trabajadores vuelven a encontrar ocupación en las empresas y hoy vuelve a haber demanda. La mala noticia es que el sector servicios está manteniendo o incluso incrementando ligeramente sus cifras de empleo irregular. Dentro de los servicios actuamos en gran variedad de ámbitos: se ha reactivado el sector inmobiliario, en el que hay muchos trabajadores que se disfrazan de autónomos pero realmente son trabajadores por cuenta ajena; seguros, corredores, asesores o subcontratistas que hacen las reparaciones por cuenta de la compañía; en sectores de asesoramiento la economía irregular se camufla bajo las figuras de becas y prácticas; residencias de mayores donde hay poca plantilla y, a veces, en los horarios nocturnos, es totalmente irregular; peluquerías, centros de belleza... En el turismo, la irregularidad se da sobre todo en la oferta auxiliar: excursiones, alquiler de bicicletas, piragüismo, parapente... y, sobre todo, actuaciones artísticas. Estamos llevando a cabo una campaña muy seria en el sur de Tenerife con los artistas que actúan en los locales de ocio, restaurantes u hoteles. Lo mejor que nos puede pasar es que los operativos no detecten situaciones de fraude. Nadie disfruta detectando irregularidades o sancionando. Somos el "gran hermano" del Estado social y tenemos que vigilar, pero cuando detectamos que los operativos no obtienen los resultados esperados, me produce cierta íntima satisfacción, porque percibo que esto está mejorando.

¿Tienen alguna hipótesis de por qué se ha incrementado el fraude laboral en los servicios?

No ha subido mucho, pero nos ha llamado la atención. No entendemos el porqué. Teóricamente, si estamos en un momento de bonanza económica, el turismo debería arrastrar hacia el cumplimiento de la legalidad a los sectores vinculados. Yo creo que lo ha hecho pero, como son microempresas, muchas han sucumbido a la tentación de dejarse arrastrar sin regularizarse. Probablemente esto se acabe equilibrando. La creación de empresas genera incertidumbre. No es disculpable, pero hay quien así se justifica: una manera de empezar es en la economía sumergida. Se minimizan riesgos, se es opaco, si esto sale mal no pasa nada y cierro... Es un error, porque de ese modo pierden todas las ayudas al emprendimiento y asumen riesgos y responsabilidades muy importantes en el caso de ser detectados. Permanecemos atentos, vigilantes, pero no criminalizo al empresario; al revés, creo que tiene voluntad de cumplir. Las organizaciones empresariales son, con los sindicatos, uno de nuestros grandes cooperadores a la hora de denunciar a los mal llamados empresarios, porque les hacen una competencia feroz. La lucha contra el fraude es un problema de modelo social: el trabajador incurso en situaciones de empleo opaco carece por completo de derechos; tiene un efecto adverso para el empresario cumplidor; y toda la sociedad es cautiva de estas malas prácticas, porque el Estado social se nutre del esfuerzo de todos.

Sin embargo, hay quien defiende que la economía sumergida desempeña un papel de nivelador social y ha evitado la conflictividad.

No solo no compartimos esta postura, sino que la rechazamos de plano. El ordenamiento jurídico está para ser cumplido en toda circunstancia, sin que puedan admitirse excepciones dependiendo de la coyuntura. La Inspección es el servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa del orden social vigente y desarrolla esta labor sin cuestionar el contenido de dichas normas, sin juzgar sus virtudes o defectos. Así refuerza la seguridad jurídica, garantiza la competencia en igualdad y defiende a aquellos que puedan ver conculcados sus derechos. El juicio crítico del contenido de las leyes o la condescendencia con la economía sumergida como instrumento atenuador de conflictos debe ser efectuado por otros agentes pero, desde luego, no por la Inspección, cuya misión es la contraria: combatirla exigiendo el cumplimiento de la legalidad.

Los planes especiales de inspección obtienen resultados muy llamativos. ¿Deberían convertirse en permanentes?

Puede sacarse esa conclusión, pero no estaría justificada. Estas campañas permiten atender los incrementos de actividad que se registran entre octubre y noviembre, pero que no justificarían este aumento de efectivos el resto del año. En las campañas de refuerzo planificamos perfectamente los sectores donde vamos y solo controlamos el empleo sumergido, contratos en fraude de ley y contratos en jornada parcial con infradeclaración de jornada. Lo focalizamos tanto que los resultados son muy llamativos. Utilizamos la herramienta de lucha contra el fraude, del Ministerio de Empleo, con cruces de datos, manejamos las bases de la Seguridad Social y Hacienda, usamos el buzón de lucha contra el fraude, que es anónimo y tiene un índice de acierto tremendo... Somos muy certeros. En cuanto a la plantilla, cualquier refuerzo siempre es bienvenido. Probablemente podríamos hacer un trabajo más fino, buscar un fraude más elaborado, dedicar más tiempo a la concienciación preventiva, porque la acción inspectora también es asesora... Pero debo decir que el Ministerio ha tenido una sensibilidad inmensa con esta provincia. Llegué con 20 inspectores y 20 subinspectores y se han incorporado ocho efectivos más en un momento de crisis.

¿Saben exactamente las empresas a las que tienen que acudir en estas campañas? Da la sensación de que van a tiro hecho.

Sí. Voy a ponerle un ejemplo gráfico. Tenemos tres jefes: un jefe provincial y dos jefes de unidad, que somos los responsables de planificar las acciones. Esto (muestra un dossier) es un operativo que organizamos hace un tiempo sobre agencias de viajes de la zona sur que nos suscitaron cierta duda. Estuvimos desplazándonos durante tres días para detectar los centros de trabajo e identificar sus razones sociales. Después comprobamos las plantillas en nuestras bases de datos y los índices de contrato a tiempo parcial, completo, temporal e indefinido. Finalmente seleccionamos las empresas y se llevaron a cabo las visitas de los funcionarios de la Inspección. Imagine una empresa con cinco trabajadores, todos a tiempo parcial y a dos horas al día... No es verosímil, ¿verdad? A lo mejor es cierto, pero también puede ser que se esté encubriendo una jornada real de mayor envergadura. El contrato a tiempo parcial no debe ser demonizado, es una alternativa. Ahora bien, ojo con cumplir las normas sobre su utilización, porque el abuso en fraude de ley de este contrato tiene severas consecuencias.

Tiene algo de trabajo detectivesco.

Lo es. Tenemos dos tipos de trabajo detectivesco. Uno, en el ordenador, cruzando bases de datos. Otro, a pie de calle. Se pide un esfuerzo importante a la plantilla. Este año hemos hecho 12.800 expedientes de investigación, de los que la mitad han sido con visitas al centro de trabajo. Son 6.243 visitas, de las que 1.022 son nocturnas o en festivo. La gente nos está esperando ahí fuera. Hemos visto caras de disimulada satisfacción en los trabajadores explotados. Eso ha sido y continúa siendo un esfuerzo. Tenemos operativos de economía sumergida en los que salimos todos, sin distinción entre categorías. Debo agradecer siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su apoyo, porque gracias a ellos podemos desarrollar nuestro trabajo en escenarios dificultosos con una garantía de protección.

Habrá situaciones tensas.

En ocasiones, y ha habido hasta agresiones. Recuerdo, en mitad de la crisis, un incidente muy desagradable en el que el equipo de economía sumergida que estaba actuando, acompañado de la Guardia Civil, sufrió un conato de agresión que terminó con la detención del empresario y tres personas más. Intentamos ser lo menos perturbadores posibles. En esta campaña vamos a hacer 400 inspecciones, de las que 75 serán de noche o en días festivos.

La jornada parcial ha crecido en los últimos años. ¿Cómo detectan cuándo esconde un trabajo a tiempo completo?

Es difícil. La falta de registro diario de jornada o su inverosimilitud suponen la inmediata conversión en un contrato a tiempo completo. La lucha contra el fraude ha evolucionado hacia el control del contrato a tiempo parcial con infradeclaración de jornada. En mitad de la crisis era economía sumergida pura y dura. Por eso tenemos campañas específicas. En 2016 fueron 450 actuaciones. Este año hemos incrementado a 550. En lo que llevamos de año hemos detectado 812 contrataciones a tiempo parcial con infradeclaración de jornada que se han convertido en contratos a tiempo completo o se ha aumentado su jornada a la realmente efectuada. Hay otra campaña de control del tiempo de trabajo. En 2016 se hicieron 867 actuaciones y hubo 200 actas de infracción.

Se han cifrado en el 45% las horas extra no pagadas.

Me encantaría contrastar ese dato, pero no sé cómo se mide eso. Ni siquiera yo, que soy un observador privilegiado, sería capaz de decirlo. Son estimaciones macroeconómicas, más que otra cosa. Lo que sí afirmo es que tenemos 867 actuaciones y que en materia de jornada hemos hecho este año 55 propuestas de sanción. Estamos ejerciendo una presión importante.

¿Hay diferencias por islas?

No las apreciamos. Tenemos una sede principal en Tenerife y una auxiliar en La Palma. A La Gomera va un equipo una vez al mes, o más si es necesario; y a El Hierro, una vez cada dos meses. En La Gomera, que tiene más entidad, a veces nos llegan a través del buzón situaciones de fraude generalizado y hay que hacer algún operativo especial, muy encubierto, porque la voz corre como la pólvora.

¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentra la Inspección para desarrollar su labor?

El principal es, probablemente, que junto a la actuación planificada tenemos mucha actuación que procede de denuncias y que hay que atender lo antes posible. La propia complejidad del trabajo es el principal obstáculo. A veces nos gustaría disponer de más tiempo. Otra dificultad es la versatilidad horaria de nuestro trabajo, que nos exige una amplia disponibilidad, sin sometimiento a horarios ordinarios. Cualquier inspector o subinspector puede tener que efectuar visita de inspección en horario nocturno o en festivo. Por eso los funcionarios ejercen su labor con una elevada carga vocacional y una sensibilidad social muy afinada. Además, en algunas ocasiones las empresas inspeccionadas no prestan la colaboración debida, lo que puede comportar la pertinente sanción por obstrucción.