Santa Cruz de Tenerife

Los sindicatos sospechan de un "fraude" en la ley de presupuestos

El Gobierno afirma que el informe de la Comisión de la Función Pública se aprobó el 25 de octubre, pero las organizaciones sindicales aseguran que la reunión nunca se celebró.
M.G., S/C de Tenerife
14/nov/17 6:07 AM
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La brecha que separa a los sindicatos del sector público autonómico del Gobierno regional es cada vez más profunda. Los servicios jurídicos de las organizaciones sindicales estudian la posible comisión de "ilegalidades" y "fraude" en los presupuestos del próximo año, que se están tramitando con el preceptivo informe de la Comisión de la Función Pública, pese a que, según los representantes de los trabajadores, la reunión en que este se aprobó no llegó a celebrarse.

Los sindicatos -Sepca, UGT, CCOO, CSIF, FSES, Intersindical y Co.Bas- abandonaron el 25 de octubre la Mesa General de Empleados Públicos al entender que la Consejería de Presidencia no estaba dispuesta a negociar medidas que mejoren la situación del personal tras los recortes acometidos durante los años de la crisis. Justo a continuación estaba convocada la reunión de la Comisión de la Función Pública. Cinco de los componentes de este organismo son representantes sindicales, que -aseguró ayer José Ramón Barroso, de CCOO- constataron que los miembros de la Administración no se encontraban en el lugar y que, por lo tanto, la reunión no se produjo. "Es imposible que se haya emitido ese informe", sostuvo Barroso, quien advirtió de que el asunto deberá aclararse "en la vía jurídica".

En cambio, la Consejería alegó, a través de un comunicado, que el informe se emitió en el encuentro celebrado ese día, "conforme a los requisitos de ley" y que fue favorable. El director general de Función Pública, Francisco Rodríguez, explicó que a la reunión acudieron siete representantes de la Administración, con lo que "concurrió quorum suficiente" para constituir la Comisión.

Los dirigentes sindicales volvieron a anunciar ayer un "otoño caliente" si el Ejecutivo no accede a negociar medidas que alivien la situación de los empleados públicos, algunas de las cuales tienen escaso o nulo coste económico y podrían incorporarse a los presupuestos de 2018 -la homogeneización de permisos, licencias y vacaciones, los descuentos por enfermedades, el pago de la ropa de trabajo- y otras -la jornada de 35 horas semanales o la estabilización del empleo público- podrían ser objeto de acuerdos plurianuales al comportar un mayor desembolso.

Por el contrario, incidió Barroso, las cuentas del próximo año mantienen los ajustes mediante disposiciones adicionales que no pueden ser negociadas. "El Gobierno nos vuelve a tomar el pelo y se ríe de los empleados públicos", lamentó el representante de CCOO. La respuesta sindical ante esta "cerrazón", avisó, consistirá en "actuaciones en el ámbito jurídico y medidas de otro tipo".

Por de pronto, la Dirección General de Función Pública anunció que ha convocado para hoy, ante la solicitud de los representantes de la plantilla, la Mesa General de Empleados Públicos y la reunión negociadora del convenio colectivo. La intención del Ejecutivo, señaló Rodríguez, es "restablecer el diálogo cuanto antes, tras haberlo roto los sindicatos".

El peso de los servicios públicos desciende

El incremento que experimentarán el próximo año los presupuestos de la Comunidad Autónoma no satisface a los sindicatos, que advierten de que el peso de las partidas relacionadas con los servicios públicos disminuye en relación al total, pese a que suman unos 400 millones de euros más que en 2017. "Globalmente, es inferior al de años pasados, cuando las necesidades son cada vez mayores", expuso José Ramón Barroso, de CCOO, quien ejerció de portavoz de las organizaciones sindicales con representación en la función pública. La plantilla de la Comunidad Autónoma está integrada por unos 60.000 trabajadores, y ha perdido alrededor de 8.000 efectivos en los últimos ejercicios.