Una interpelación de la diputada de Podemos María del Río Sánchez permitió ayer a la consejera de Servicios Sociales y Vivienda, Cristina Valido, alertar de lo que está sucediendo con los precios de los alquileres y cómo ha subido lo que piden bancos y promotores para venderle al Gobierno casas que se quedaron sin vender por la crisis inmobiliaria y económica y que se pretende destinar a uso social. Una situación alarmante que, según explicó, se debe en buena parte al alquiler vacacional y que le lleva a la convicción de que el Ejecutivo ya no podrá adquirir casas en islas como Lanzarote, por mucho que los propios bancos fueran salvados por dicha burbuja.

Valido subrayó que este fenómeno lo ha ido notando de forma creciente su consejería en los dos últimos años y que contrasta con lo de antes, cuando los bancos y promotores hacían todo lo posible por colocar las casas al Gobierno. Aclaró que no ocurre en todas las islas ni en todas las zonas, pero sí dejó claro que algunas de las ofertas que se hacen no interesan porque son viviendas en áreas con poca utilidad social.

Valido coincidió en gran parte con los argumentos de Del Río, pero subrayó que, aunque hay margen de actuación regional, la solución real solo pasa por cambios legislativos a escala estatal respecto al alquiler vacacional. En esta misma línea está el consejero de Turismo, que ultima el nuevo decreto regional, previsto para enero, y que lleva días recalcando esto.

No obstante, Valido no convenció a Del Río, quien, si bien la salva por llevar poco tiempo, sí culpa a CC por sus 3 décadas de gobierno y porque en las Islas siguen dándose deshaucios sin alternativas habitacionales. Según recalcó, el alquiler vacacional no es malo en sí mismo y debería servir para repartir mejor los beneficios del turismo, pero está ocurriendo casi lo contrario porque ya hay empresas o particulares que adquieren edificios enteros o partes de urbanizaciones para ese fin.

Por eso, planteó que las licencias se limiten a una por familia y culpó de la situación al decreto aprobado a toda prisa en 2015. Un decreto que, según su experiencia en Lanzarote, hace que casi no haya alquileres a precios razonables para trabajadores y clase media cerca de sus empleos y que ha elevado los precios a 800, 900 y hasta mil euros por casa, así como a 200, 300 y hasta 450 por habitación en zonas como Playa Blanca. Una deriva que hace que hasta médicos y profesores de fuera renuncien a trabajar en esa isla.

Valido admitió que no podrán comprar en islas como ésa (Fuerteventura vive algo similar), pero que prevé crear 400 viviendas nuevas en Lanzarote, 200 para alquiler social y otras 200 para esos trabajadores mediante Visocan.

Valido tuvo que emplearse a fondo también en una comparecencia solicitada por NC para que detallara los resultados del Plan de Garantía Juvenil. Sobre todo porque, según insistió, la concentración de los datos en el Servicio de Empleo estatal (Sepe) se produjo hace poco y es cuando se ha intensificando el intercambio con las comunidades. Este plan de la UE surgió en 2013 por el elevado paro juvenil en países como España (Josefa Luzardo recordó que lo impulsó Rajoy) y, en 2016, se amplió a jóvenes no solo menores de 25 años, sino de 30. Luis Campos (NC) quiso saber cuántos canarios se han beneficiado, los cursos desarrollados, el número de prácticas y la reconversión de contratos en fijos. Según las cifras que él manejaba del Estado, ahora había 46.000 canarios inscritos, pero solo 178 contratos indefinidos en los 3 años de desarrollo del proyecto y un 78% de contratos temporales. Sus críticas al método de inscripción (luego modificado para que bastara estar en el SCE) fue apoyado por todos, pero su visión fue tan crítica que, a falta de mejores datos, considera que podríamos estar ante el mayor fracaso de un plan de empleo en el Estado. A Canarias le han correspondido unos 58 millones de euros, de los que 29,3 debía gestionar el Gobierno regional. Para España, la cifra es de 1.800 millones.

Valido no pudo concretar mucho las cifras porque, según explicó, la inscripción se ha ido haciendo por diversas vías (como las Cámaras de Comercio), pero sí dijo que, ahora y con el Sepe, constan 30.000 canarios, al tiempo que admitió que, quizás, habría que devolver parte del dinero de la UE, donde desveló que hay gran preocupación por los resultados.

La consejera recordó que, según la EPA, hay ahora 145.000 jóvenes canarios ni trabajan, ni estudian ni buscan empleo. No obstante, aclaró que hay un 36% cuando, en 2013, era el 51%.

ASG criticó que no se puedan desarrollar el plan en El Hierro o La Gomera y que el reparto no tenga sentido o que no se permita inscribirse a jóvenes empleados un mes antes. Valido aclaró que sí hay acciones en esas islas y, al final, dijo que el programa actúa ahora en 18.000 jóvenes, que la integración es del 60% en lo que sí controla el Gobierno, en que se necesita más difusión y en que, en 2014, 1.503 jóvenes hicieron cursos, 1.477 en 2015 y 1.436 en 2016.

Preocupación por las zonas turísticas

La sesión de ayer comenzó con una comparecencia del consejero de Turismo, Isaac Castellano, a petición del PSOE para que explicara qué se está haciendo y qué se prevé para renovar las zonas turísticas de las islas. Héctor Gómez fue muy crítico por lo que, coincidiendo con Román Rodríguez, considera una falta de liderazgo y coordinación desde la consejería. Mencionó zonas como Costa del Silencio, Arona, Adeje, Santiago del Teide o Guía, y se pregunta si hay criterios con las inversiones, aparte de lamentar que falta el estatuto de municipio turístico. Castellano censuró su "catastrofismo", anunció que en breve se suscribirán nuevos convenios con el Estado para diversas actuaciones, recordó la falta de dinero por los recortes del PP y discrepó respecto a Rodríguez, quien cree que ni hay política turística, sobre que las cifras récord de visitantes obedezcan a la buena situación en los países emisores y a la mala en los competidores.

Críticas al PP sobre el Festival de Música

Josefa Luzardo (PP) volvió a llevar ayer una moción sobre el Festival de Música de Canarias. Una propuesta dividida en dos puntos y que contó con el apoyo unánime al primero, que instaba a introducir todas las mejoras posibles en el evento, pero que recibió muchas críticas sobre el segundo. Este punto pedía al Gobierno que buscara un director para el festival, ya que alguien de prestigio no se iba a presentar a un concurso, pero tanto CC como Podemos, PSOE, NC y ASG le reprocharon lo que consideran una contradicción, ya que, de esa forma, será aún más difícil evitar las injerencias políticas.

Apoyo a la creación de un banco de leche materna

El PP sí logró total unanimidad, y hasta diversas felicitaciones, ante una Propuesta No de Ley (PNL) de Zacarías Gómez por la que se insta a crear un banco de leche materna, que ya existe en diez comunidades. Una iniciativa que no solo pretende ayudar a los niños prematuros, sino a las madres que, por enfermedad, no pueden dar de mamar. A las donantes se les recogería la leche en sus domicilios. Según recordó Gómez, Brasil lidera este tipo de bancos en el mundo.

Mejorar los viajes del Imserso de canarios

También hubo respaldo unánime a otra PNL de CC que pretende salvar los perjuicios con los que se topan los canarios en sus viajes del Inserso. Diputadas como Gladis Acuña (NC), alcaldesa de Yaiza, censuró la falta de guías para muchos mayores que se desorientan en grandes ciudades.