La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, afirmó ayer que 8.349 personas han pedido entre enero y octubre de este año que se reconozca su discapacidad, y para agilizar los plazos se necesitaría un equipo de evaluación completo más en cada provincia.
Valido respondió de esta manera en comisión parlamentaria a la diputada del grupo Popular Josefa Luzardo, quien aseguró que no le cuadran los datos proporcionados por la consejera ya que, argumentó, en octubre se le contestó por escrito a una pregunta sobre este asunto que había 21.000 personas pendientes de este trámite.
"O está mal lo que han dicho hoy (por ayer) o lo que me contestaron por escrito hace un mes", recriminó la parlamentaria del PP, a quien le gustaría saber cuándo va a cumplir el Gobierno de Canarias el plazo de tres meses para la resolución de dicho trámite que estipula la ley "o se va a tener que recurrir a los juzgados, como hacen los dependientes".
La consejera respondió que los datos facilitados ayer corresponden a los primeros diez meses del año y puede que haya un desfase respecto a cifras dadas anteriormente, y que pueden incluir expedientes pendientes desde 2016.
En todo caso se están tratando de aclarar cifras "que arrastramos desde años anteriores" pero, añadió, hay una situación de carencia de personal y a pesar de ello se está haciendo un esfuerzo importante y mejorando el promedio.
En concreto, y en lo que se refiere a este año, hay una media mensual de 834 solicitudes de reconocimiento de discapacidad, mientras que a 8.502 ya se les ha otorgado, y se tramitan unos 850 expedientes al mes.
Por islas no hay la misma demora para resolver una solicitud de este tipo y el tiempo máximo se registra en La Palma, con 21 meses; seguida de Gran Canaria y Tenerife, ambas con 13 meses; La Gomera, 9, El Hierro con ocho, Lanzarote con siete y Fuerteventura con seis.
Detalló la consejera que hay seis equipos de valoración y orientación en Las Palmas, a los que recientemente se ha incorporado un médico, que periódicamente se desplazan a Lanzarote y Fuerteventura, islas en las que "no hay personal suficiente".
En Santa Cruz de Tenerife hay cinco equipos de valoración, aunque en el caso de La Palma se ha llegado a un acuerdo con el Cabildo para que técnicos de esta institución hagan los informes médicos, psicológicos y sociales.