Una multa "simbólica" -180 euros- y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros durante seis meses. Esa es la decisión que ha tomado el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa María de Guía (Gran Canaria) tras analizar una denuncia presentada por dos docentes -representados por el sindicato STEC- que recibieron insultos y amenazas en el desarrollo de su trabajo.

Según consta en el escrito, el 18 de mayo de este año, sobre las 10:00 horas, los progenitores acudieron al centro a recoger a su hija menor, donde tuvieron lugar las distintas amenazas que se describen en la sentencia. Uno de ellos intentó amedrentar a la docente utilizando expresiones como "zorra, puta" o "te voy a romper la boca, estoy harta de ti, mi hija no va a volver más a tu clase". Posteriormente, el otro se sumó a las descalificaciones diciendo que "no levantara la mano a su mujer" -cuando un docente intentaba que abandonara el centro- , que "eran todos unos cobardes" y que si salía afuera "se iba a enterar".

El juez considera que los hechos "son legalmente constitutivos de dos delitos leves de amenazas", ya que queda en evidencia que "los denunciados dirigieron a los denunciantes frases con una clara intención de atemorizarles, de causarles un mal, es decir, que les iban a agredir".

Por ese motivo, además de la orden de alejamiento, el juez ha impuesto a cada uno de ellos el pago de una multa diaria de 3 euros durante 30 días.

Gerardo Pérez, miembro del sindicato STEC, explicó a este periódico que aunque se trata de un hecho concreto y no habitual en los centros educativos, es síntoma de un problema. "Los insultos y vejaciones a docentes pueden ser llevados a los tribunales y ganarse", destacó.

"Es importante que los profesionales sepan que actuaciones de este tipo no van a quedar impunes y que tienen consecuencias. La sociedad en su conjunto, y los padres y madres de alumnos en particular, deben erradicar estas intimidaciones y para ello es importante la educación, los medios de comunicación y la justicia", subrayó.

La Consejería de Educación anunció recientemente que incorporará un servicio de atención psicológica y jurídica para docentes agredidos antes de que acabe el curso. Este servicio ha sido demandado por varios sindicatos desde hace años, que son los que se encargan en la actualidad de ofrecer esa prestación.

Para ello, la administración ha iniciado ya los contactos con los Colegios Oficiales de Psicología y de la Abogacía de Canarias, para alcanzar sendos acuerdos "que permitan reforzar el apoyo de la administración pública a la labor de docencia", según anunció la consejera Soledad Monzón en una comisión parlamentaria reciente.

El STEC, no obstante, considera que en este caso la Consejería "ha hecho caso omiso de la solicitud de ayuda y asesoramiento" de los docentes afectados. "En el STEC somos conscientes que nos encontramos ante circunstancias que se producen de forma puntual, pero consideramos que por su gravedad es necesario actuar con más diligencia y contundencia".