El Gobierno canario anunció ayer la convocatoria de la contratación de la vigilancia y seguridad de los órganos y sedes judiciales y pone como requisito a las empresas concurrentes que apliquen a sus trabajadores las condiciones del último convenio colectivo estatal o un convenio de empresa si lo mejora.
El concurso prohíbe la subcontratación parcial. El presupuesto es de 9 millones de euros, con una vigencia de dos años prorrogable por otros dos. Según el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, la convocatoria "busca dificultar la eventual adjudicación a empresas que, pudiendo cumplir los requisitos técnicos, incumplan las obligaciones que tienen frente a sus trabajadores". El objetivo de esas medidas es evitar el concurso de empresas de "bajo coste".