El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, acusó ayer a Coalición Canaria y Nueva Canarias de "dar la espalda" a los empleados públicos tanto en los presupuestos del Estado como en los presupuestos autonómicos.
En una rueda de prensa convocada junto a CCOO para anunciar las movilizaciones contra el Gobierno central por su falta de voluntad para negociar la recuperación de los salarios y de los derechos de los empleados públicos, Santana afirmó que el ataque contra esos derechos se reproduce también en Canarias, con unos presupuestos que incluyen rebajas fiscales para beneficiar a las rentas más altas.
El presupuesto canario para 2018 no está hecho para reforzar los servicios ni el empleo público, sino para "poder cortar cintas en 2019", en referencia a las inauguraciones de obras a las que son aficionados los políticos en años electorales.
Santana reclamó que en el periodo de enmiendas a los presupuestos autonómicos se revierta la situación para atender las necesidades del sector público y que se levante la suspensión que pesa desde 2012 sobre los derechos laborales fruto de la negociación colectiva.
En la misma línea, Fran Bautista, representante de los empleados públicos de UGT Canarias, afirmó que el Ejecutivo regional sigue sin voluntad de negociar la recuperación de los derechos laborales de los empleados públicos autonómicos. Si el Gobierno de Canarias no rectifica y revierte "los derechos robados" habrá "un invierno calentito", advirtió.
CCOO y UGT se sumarán en Canarias a las movilizaciones estatales para reclamar la recuperación de los salarios, el empleo y los derechos de los trabajadores públicos perdidos durante la crisis, ante la negativa del Gobierno del PP a negociar mejoras a pesar de la recuperación económica.
Las primeras movilizaciones en Canarias están previstas para mañana, con concentraciones de delegados sindicales antes las sedes de las delegaciones del Gobierno en las dos capitales.
Los secretarios generales en Canarias de UGT y CCOO, Gustavo Santana e Inocencio González, aseguraron que "no hay excusas" para que el Gobierno se siente a negociar con los sindicatos la recuperación del poder adquisitivo perdido, de los derechos laborales suspendidos y del empleo público suprimido desde 2010. Desde 2010 se han perdido 350.000 empleos públicos en España, de ellos 34.000 en Canarias, y no parece haber voluntad para recuperarlos, según los sindicatos.
González reconoció que en marzo hubo un acuerdo con el Gobierno de consolidación del empleo público, pero añadió que se desarrolla de forma lenta y desigual, sobre todo por parte de las comunidades autónomas.