La violencia hacia los docentes no es un problema generalizado, pero ofrece datos preocupantes que deben ser abordados desde la Administración. Eso es lo que piensa el sindicato ANPE Canarias, que ayer presentó un nuevo informe del Defensor del Profesor, un servicio de atención psicológica y jurídica que ya lleva 8 años en funcionamiento. Solo el año pasado registró 155 agresiones, frente a las 138 del año anterior, y constató la consolidación de un fenómeno nuevo: las denuncias falsas por parte de las familias.
De las 155 agresiones, 78 se produjeron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 77 en la de Las Palmas. Su incidencia en los diferentes niveles de enseñanza fue desigual: 14 casos fueron en Infantil, 50 en Primaria, 76 en Secundaria, 13 en Formación Profesional y 2 en ciclos formativos. No se registraron incidencias en Educación de adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y Conservatorios.
La aparición de las difamaciones y denuncias falsas no es una novedad, pero es una tendencia en auge que preocupa especialmente al sindicato. El curso pasado se contabilizaron 19 denuncias de este tipo. A pesar de que se demostró su falsedad, la imagen del docente queda dañada.
"No se trata de una nueva tipología de agresión, pero este año se ha dado la peculiaridad de varios casos de denuncias falsas que se suman a injurias, calumnias y amenazas en el centro o fuera de él", se detalla en la memoria. "En algunas de las situaciones estas acusaciones no tienen base sobre testigos ni pruebas, sino que se trata de acusaciones exclusivas del demandante que no prosperan pero provocan un importante daño moral y psicológico para el afectado y para el orden del sistema escolar".
A este fenómeno se une otro generado por el uso de las nuevas tecnologías. Los grupos de Whatsapp también se han convertido en un vehículo usado por algunos padres para insultar o vejar a docentes. Además de las faltas de respeto, provocan un efecto contagio en otros padres. El Defensor del Profesor detectó 17 casos de ciberacoso.
El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, cree que para rebajar estas cifras hay que mejorar la confianza entre familias y escuelas. "Los centros no son un aparcaniños ni los profesores son cuidadores. Tenemos que colaborar para educar conjuntamente", subrayó a este periódico.
Crespo también lamentó el funcionamiento de la justicia, que avanza muy lentamente. El martes, los servicios jurídicos de ANPE representan a un docente que fue agredido físicamente en La Gomera y que ha tenido que esperar tres años para que tenga lugar el juicio.
La evolución del Defensor del Profesor desde su puesta en marcha, en 2008, ha sido desigual. El primer año el sindicato registró 97 quejas. La tendencia no ha sido lineal, pero sí se ha constatado un aumento a lo largo de los años.
Crespo no cree que se deba a que haya más casos de violencia en Canarias que en otras regiones del territorio español, sino a la presencia que tiene el sindicato en las Islas y a la ausencia de un servicio autonómico que atienda a estos docentes.
Pide sanciones más duras
Algunas de las 19 denuncias falsas fueron motivadas por insultos frente al resto de la comunidad escolar y otras por menoscabar el honor del docente a través de las redes sociales (Facebook y WhatsApp), sobre todo en el caso de padres. ANPE resaltó ayer la gravedad de este asunto "por la amplitud que alcanzan estos ataques y lo complicado que resulta borrar una huella digital", lamenta el sindicato. "Además, este año hay docentes que han tenido que volver a nuestro servicio porque han vuelto a sufrir nuevos brotes de violencia. Sin embargo, las penas para reincidentes no superan los 100 euros de multa y solo afectan a lo económico. El sindicato considera que se deben endurecer las sanciones".