La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) asegura que, con la resolución del concurso de traslados de personal que se conoció hace varias semanas, el balance resulta negativo para el centro penitenciario Tenerife II. Y es que, según el portavoz de esta organización, Rafael Paniza, el número de trabajadores públicos que se van a otros lugares supera al de aquellos que se incorporan a la cárcel de El Rosario. Paniza aclara que, si se suman las plazas vacantes y este nuevo desfase en detrimento de la prisión tinerfeña, el déficit de personal ya se acerca al medio centenar.

Este sindicato demanda la equiparación salarial de los funcionarios de todo el país con los de Cataluña, una comunidad que tiene transferidas las competencias sobre esta materia desde hace décadas. Esta es una demanda "histórica" de los representantes de los trabajadores, pues se viene planteando desde mediados de los años 90.

En ingresos brutos, un empleado público de base puede cobrar 250 euros menos en el resto del país que en Cataluña. Esa diferencia se eleva a los 900 euros en el caso de jefes de servicio.

Paniza señala que las carencias de personal, a veces, se agravan con los casos de las comisiones de servicio. Por eso, plantea que esta figura se utilice únicamente en algunos casos muy concretos, como puede ser la enfermedad del propio funcionario o de algún familiar. Ante esta falta de plantillas suficientes en prisiones, que se da en toda España, la Asociación reclama una oferta de empleo público extraordinaria. APFP también recuerda el problema de las jubilaciones. Ahora en los diferentes centros penitenciarios del país trabajan más de 21.200 funcionarios. De ellos, 491 tienen más de 60 años y 7.130 superan los 50. Este colectivo advierte de que, o se toman medidas de aumento de personal en los próximos años, o la situación se complicará de manera considerable.