Canarias

Canarias pide que la dependencia esté en la financiación autonómica

El Gobierno remite al Ministerio de Hacienda su propuesta para la reforma del sistema, que incide en la exclusión del REF y en la evaluación de los costes del estado de bienestar.
Efe, Las Palmas
28/nov/17 6:05 AM
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Canarias pide que la dependencia esté en la financiación autonómica

El Gobierno regional ha pedido que el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias quede al margen de la financiación autonómica en el informe que ha remitido al Ministerio de Hacienda para elaborar un nuevo sistema que garantice la eficiencia, sostenibilidad y equilibrio del estado de bienestar. Una de las cuestiones que plantea el documento es que se deben evaluar los costes reales de los distintos servicios de estado de bienestar que prestan las comunidades autónomas.

Así, el Ejecutivo solicita en su informe que se incluya la atención a la dependencia dentro del nuevo sistema y que esta sea financiada con cargo al Fondo Básico de Financiación (FBF) que propone Canarias.

En la rueda posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), explicó que este informe también ha sido trasladado a los distintos grupos políticos del Parlamento canario, de los que espera un "apoyo unánime" a esta propuesta, como ya ocurrió cuando se planteó que los recursos del REF no formaran parte del sistema de financiación autonómica.

El documento canario sugiere que el nuevo sistema incluya de manera explícita el principio constitucional de "lealtad" para garantizar la prestación de los servicios por parte de las comunidades autónomas y que se actualicen los estatutos de autonomía en condiciones similares, de manera que dispongan del marco competencial e institucional en los denominados "estatutos de segunda generación".

Canarias defiende, además, un modelo "sencillo y transparente" que contenga un fondo básico de financiación para asegurar un mínimo a todas las comunidades en cuanto a las competencias que tienen asumidas; un fondo complementario de financiación (FCF), financiado con aportaciones o transferencia del Estado para competencias singulares; y, por último, un fondo de nivelación vertical (FNV). Este último, financiado con transferencias de la Administración central, tiene como fin reducir las desigualdades que persistan tras la aplicación de los dos anteriores.

En cuanto al reparto fiscal, el Gobierno canario considera que es necesario mejorar la coordinación entre la Administración central y las autonomías de cara al reparto tributario, potenciando el espacio fiscal propio de las regiones.

El Ejecutivo se muestra contrario al establecimiento de nuevos copagos propuestos por el comité de expertos, sobre todo en el caso de la sanidad, la educación y los servicios sociales, por entender que generarían desigualdad entre la población.

otros acuerdos

Funcatra. El Consejo de Gobierno aprobó que la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra) amplíe en 1,6 millones su presupuesto para ofrecer nuevas acciones de orientación laboral, promoción de la empleabilidad y mejora del conocimiento sobre las necesidades de la población en situación de desempleo.

Centros de mayores. El Ejecutivo acordó destinar algo más de 493.000 euros en 2018 a la gestión de los centros de mayores encomendados por la Comunidad Autónoma a varios municipios.

Mensajeros de la Paz. El Gobierno acordó declarar de interés público la Asociación Mensajeros de la Paz Canarias, que desarrolla actividades dirigidas al fomento del empleo, el voluntariado y la cooperación al desarrollo.

El Consejo del Gobierno de Canarias acordó ayer solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo sobre el proyecto de Ley de Cámaras de Comercio antes de enviarlo al Parlamento autonómico.

La Consejería de Economía, Industria, impulsora del proyecto, ha redactado una lista de evaluación, en la que se analiza el impacto normativo y financiero de la nueva normativa, así como los impactos de género, empresarial y sobre la infancia y la adolescencia,

Asimismo, se ha dado trámite de audiencia a las cuatro Cámaras de Comercio de las Islas -Santa Cruz de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura-, a las entidades y organizaciones representativas de los sectores afectados y a todos los departamentos del Gobierno de Canarias.

El anteproyecto ya ha recibido el visto bueno del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias, en un dictamen al que se han opuesto los representantes de las Cámaras de Comercio, quienes han formulado varios votos particulares. Las entidades camerales entienden, entre otras objeciones, que la iniciativa no garantiza cobertura para sus gastos de funcionamiento.