La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario ha encargado a la sociedad pública Gesplan el trabajo de campo necesario para determinar qué medidas de seguridad hacen falta en cada playa, así como el coste de la implantación de las mismas. Si en julio pasado por parte del Ejecutivo se encomendó a dicha empresa pública la memoria económico-financiera del proyecto de Decreto para las medidas de protección mínimas en el litoral, ahora se requiere un estudio para determinar qué recursos hacen falta.
La administración regional destinará a dicho análisis 412.795 euros para lo que resta de 2017 y el próximo año.
Algunos de los objetivos del contrato son catalogar y clasificar las playas y zonas de baño del Archipiélago para determinar los diferentes criterios de riesgo que se van a aplicar; apoyo técnico a los ayuntamientos para elaborar los planes de salvamento en dichos espacios, así como las instrucciones técnicas de los materiales y equipos necesarios.
También se demanda a Gesplan que determine la valoración económica de aplicar cada plan de emergencias municipal, mediante las visitas a las playas y reuniones con ayuntamientos y otros organismos para saber con exactitud lo que costará implementar tales acciones.
Este encargo se enmarca dentro del trabajo del Gobierno canario para tratar de frenar las actuales cifra de personas fallecidas por ahogamiento y diversos accidentes en playas y otras zonas costeras del Archipiélago. Canarias lidera actualmente las estadísticas a nivel nacional de personas ahogadas por accidentes en el medio acuático. Si en todo el país se estima que en lo que va de año han muerto 500 personas, solo en el Archipiélago se han producido más de 80 de esos fallecimientos. Expertos y profesionales en la prevención de ahogamientos de 10 comunidades e investigadores universitarios acordaron en Segovia instar al Gobierno español a crear la Dirección General de Accidentes Acuáticos, como existe desde hace décadas la DGT.