Canarias cuenta, desde 1995, con una Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, desarrollada por el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación de 1997. "Se trata de una normativa que conllevó un importante avance, pero después de los años que han transcurrido desde su aprobación es necesario seguir avanzando", reconoció ayer la consejera del área, Cristina Valido.
Para ello, el Gobierno elaborará un estudio pormenorizado de la ley y del reglamento que la desarrolla, con el fin de disponer de información para evaluar el grado de aplicación de la ley actual. Asimismo, se llevará a cabo un estudio comparado en el ámbito europeo y nacional y local, "con el objeto de contar con las herramientas necesarias para elaborar un primer borrador de la nueva ley que, una vez debatido y consensuado por todos los agentes implicados, se remitirá al Parlamento para su debate y aprobación", aclaró.
También ayer, el grupo parlamentario Podemos anunció que ha presentado una enmienda parcial a los presupuestos de Canarias de 2018 para la creación de un fondo autonómico dotado de 39 millones de euros plurianuales para la promoción de la accesibilidad universal, una propuesta que la formación morada espera que sea aceptada por Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular.
Se trata de una reivindicación a la que estos tres grupos se opusieron cuando la diputada Natividad Arnaiz presentó a mediados de noviembre una iniciativa para crear este fondo con una dotación del 0,5% de los Presupuestos para acabar con "una discriminación brutal que se repite cada segundo en muchos ámbitos de la vida".
Natividad Arnaiz insiste en que con los 39 millones plurianuales del fondo que impulsa Podemos se podría conseguir la plena inclusión de todas las personas con discapacidad funcional, pues se destinarían a sufragar la adquisición de ayudas técnicas y tecnológicas para mejorar las condiciones de vida y la eliminación de barreras.