Las preguntas al presidente del Gobierno canario en el pleno de ayer, de diversos partidos, estuvieron marcadas por la preocupación general ante la financiación futura de las Islas, el nuevo Estatuto y cómo quedarían encajadas en una eventual reforma de la Constitución. Frente al enfriamiento introducido por el PP en la comisión impulsada por Rajoy y Sánchez sobre los cambios en la Carta Magna, Fernando Clavijo no descarta que sí se den el próximo año y, junto a los otros dos asuntos, aseguró que 2018 puede ser un ejercicio determinante para los próximos 30 años de Canarias.

Clavijo reiteró esta afirmación, sobre todo, ante una pregunta de José M. Ruano (CC) sobre la financiación y sus riesgos por el ambiente enrarecido que ha originado el conflicto catalán y el cupo vasco, que ha acelerado las exigencias de otras comunidades. Para Ruano, resulta esencial que a las Islas se les reconozcan como debiera sus singularidades en el nuevo modelo, principalmente para dejar el REF fuera del sistema, para lo que cree vital el acuerdo de PP y PSOE.

El presidente asintió en todo y recalcó que el futuro de Canarias depende mucho de lo que se haga en la Cámara. Por eso, exigió que, al menos respecto a la financiación, el Estatuto y una posible reforma constitucional, los grupos aparquen sus diferencias y, junto a los empresarios, sindicatos y el resto de la sociedad civil, tengan una única voz en esas negociaciones, que todos asumen que serán muy complicadas. A su juicio, Canarias necesita "un Estatuto de primera" y anclar el REF en la Carta Magna si se abre ese melón, advirtiéndole a los partidos que no sumen su esfuerzo en esto que deberán responder ante la ciudadanía. Eso sí, reconoció también que, aunque todos serán claves, el PP y el PSOE tienen un peso mayor.

Daba continuidad así a la pregunta que le hizo Asier Antona (PP) sobre la propuesta de Iceta (PSC) de condonar la deuda a Cataluña, que supera los 54.000 millones, frente a los 5.400 de Canarias, Clavijo no comparte esa medida, advierte de que estos planteamientos siempre perjudican a las Islas y confía en que acabe compensándose la deuda histórica que sufre el Archipiélago.

Román Rodríguez (NC) también ahondó en esta preocupación, agudizada por el cupo vasco, que cree que "ha abierto la veda". El expresidente se muestra tan pesimista que teme que Canarias se quede sola, por lo que, a su juicio, lo mejor sería que se quede como está, con el REF fuera del sistema. Clavijo coincidió y rechaza las tesis recentralizadoras del Estado (de fuerzas como Cs). No obstante, recordó que en la conferencia de presidentes regionales nadie se opuso a sistemas fiscales diferentes según las singularidades.

Los riesgos con la financiación coparon gran parte de las intervenciones de Clavijo. Rodríguez aprovechó para advertir de que algunas medidas regionales, como la supresión del impuesto de Sucesiones sin graduación por renta, pueden ser poco entendidas por otras comunidades y perjudicar a las Islas. Clavijo disintió y, más tarde, ahondó en los hitos para 2018 cuando Curbelo le preguntó por la tan traída "diversificación productiva". Según dijo, y junto a los cabildos, trabajan en eso y hay datos positivos de mejor calidad de vida, como la bajada del paro, "aunque insuficiente", y la subida en un 3,7% de la media salarial en 2016. Curbelo, eso sí, advirtió del poco peso, en cifras, de los trabajadores del sector primario e industrial frente a los 816.000 del de servicios, por lo que sufren bajos sueldos. Por eso, pide aprovechar más la ley del suelo e Islas Verdes para recuperar el campo.

En contraste, una pregunta que incomodó mucho a Clavijo fue la de Noemí Santana (Podemos) sobre cuándo se aprobará la ley del buen gobierno comprometida desde 2015. Para Santana, CC no es buen un ejemplo por su falta de transparencia con sus gastos en publicidad, la designación de asesores sin cumplir requisitos y convertir el Ejecutivo en "una agencia de colocación, con todos sus militantes grancanarios con puestos". Eso sí, lo que más le escoció fue su afirmación de que, si ya existiera esta ley, podría acabar dimitiendo de seguir el caso grúas.

Clavijo mostró su estupor por que dé por hecho el contenido de una ley que, eso sí, anunció que llevará al consejo de Gobierno del 27 de este mes, luego al Consultivo y al pleno. También le reprochó que no dijera nada sobre denuncias falsas y se pregunta si los que las usan deben dimitir si se prueban, desatando aplausos en sus filas. Sobre la ley, dijo que se retrasó tras romperse el pacto y que han buscado un buen texto y acordado, recalcando que CC, frente a Podemos, no lo usará contra otros.

Diferencias con el PSOE sobre los alquileres

Otra pregunta que, si no cabreó a Clavijo, sí que le sorprendió e hizo que admitiera "no entender nada" fue la que le formuló Loly Corujo (PSOE) sobre las ayudas de 300 euros para desempleados que necesiten alquilar viviendas porque logran un trabajo en otra isla. Para Corujo, se trata de una "medida cosmética más" del Gobierno de CC para abordar problemas estructurales, con un presidente al que le gustan demasiado los titulares. El PSOE teme que esto pueda agravar el problema de viviendas y aumentar aún más los alquileres, subrayando que si la gente rechaza trabajar fuera es por los suelos de miseria, entre otras cosas por una reforma laboral que CC "no ha intentado derogar en el Congreso". Corujo teme también que, así, se quiten recursos "para formación, colectivos vulnerables, reintegración o del programa Concilia". Frente a esto, el presidente considera que un partido como el PSOE no puede rechazar este tipo de ayudas a los que peor lo pasa. Su impotencia y falta de explicación a la postura socialista le llevó, incluso, a acabar su réplica con un "nada, buenos días", no sin antes recordar que dan ayudas de 80 euros para los desplazamientos a entrevistas de trabajo a otras islas y de 40 si, al final, esas personas logran el empleo. A su juicio, resulta incompresible decir no a eso, si bien Corujo y Gustavo Matos insistían en que solo se referían a los alquileres.

Desequilibrios en los gastos farmacéuticos

De las preguntas a los consejeros, destacó la de Águeda Montelongo (PP) sobre por qué se dan algunos desequilibrios en el gasto farmacéutico medio entre ciertas Islas, especialmente entre La Palma en su comparación con Lanzarote o Fuerteventura. Según los datos de un reciente informe de la Audiencia de Cuentas, el gasto mensual medio en Canarias es de 23,14 euros, cifra que ayer confirmó el consejero José Manuel Baltar. Sin embargo, en Fuerteventura es de 112 y, en Lanzarote, de 137, mientras que islas de población similar, como La Palma, presentan un 29,18. Montelongo no entiende ese gran salto, mientras que Baltar subrayó que, en gran medida, puede deberse a la población mucho más envejecida en la Isla Bonita, toda vez que, según los análisis, más de un 50% del gasto farmacéutico corresponde a ese sector poblacional. Una parte de la tarta demográfica que, en el caso de Fuerteventura, representa el

8,53%, mientras que los mayores palmeros superan el 20%. A su juicio, esto puede explicar el desfase, si bien no lo afirmó con total certeza porque el estudio no ahonda en los motivos de ese mayor o menor gasto.