Los servicios sociales de Canarias mejoraron prácticamente todos sus indicadores durante 2016, pero siguen siendo los segundos peores del país, con una nota de 3,30 sobre diez que solo supera a la que consigue la Comunidad Valenciana, que cierra la tabla con un 2,05.

Son puntuaciones recogidas en el Índice DEC 2017 (Desarrollo de los Servicios Sociales), que elabora la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a partir de 30 indicadores, como la cobertura de servicios, el gasto por habitante y los derechos que reconoce cada autonomía en el Sistema Público de Servicios Sociales.

Canarias, que lleva años a la cola de este indicador, ha mejorado su nota casi un punto desde 2015 (nueve décimas más), con avances en las tres dimensiones que mide esta asociación: derechos y ordenación del sistema, esfuerzo inversor de las administraciones públicas y cobertura efectiva de prestaciones y servicios.

En cuanto al primero de ellos, Canarias mejora su valoración al integrarse las entidades locales en el Sistema de Atención a la Dependencia (en las islas, buena parte de los servicios en este ámbito los prestan los cabildos).

Sin embargo, advierten los responsables de este estudio, "Canarias sigue manteniendo una ley ya superada por el desarrollo del sector en todo el Estado, particularmente tras la aprobación, hace ya más de nueve años, de la Ley de Dependencia y la falta de un catálogo que concrete derechos".

En cuanto a gasto público, el índice DEC reconoce a Canarias una "notable mejoría": la inversión por habitante y año ha crecido un 17,2 por ciento, para situarse en 303,85 euros (aún por debajo de la media nacional, que es de 339,69) y el esfuerzo proporcional que ello supone ya rebasa las referencias del resto de España (un 1,52 % del PIB del archipiélago, frente a un promedio del 1,42 %).

Asimismo, el peso de la "inversión social" en el presupuesto de las administraciones públicas ha subido al 8,06 %, a un punto ya de distancia de la media nacional (9,06 %).

En cuanto a cobertura, los responsables del índice DEC constatan "el esfuerzo" realizado por Canarias en el último año, al elevar un punto la cobertura del sistema (del 3,4 al 4,4 % de la población potencialmente dependiente) y reducir casi 13 puntos su nivel de desatención, el llamado "limbo" (del 54,6 al 41,8 %).

"Prácticamente todos los indicadores de cobertura mejoran, algunos de ellos de manera importante, pero no lo suficiente como acercarse a la media estatal, lo que indica que Canarias tiene todavía un camino muy largo por recorrer para recuperar el extraordinario deterioro de su sistema público de servicios sociales", sentencian.

Las comunidades autónomas han conseguido por primera vez un aprobado de media respecto a los servicios sociales, aunque siete siguen suspendiendo -Cantabria (4,6), Baleares (4,6), Galicia (4,1), Madrid (3,5), Murcia (3,5), Canarias (3,3) y Comunidad Valenciana (2)-, mientras que País Vasco (7,7) y Castilla y León (7,5) obtienen buenas notas.

Este año ha obtenido una media de 5,07 puntos (sobre 10), la mejor calificación desde que se comenzó a hacer esta evaluación en 2012 (en 2015 fue 4,54, en 2014 4,71, en 2013 4,91 y en 2012 4,72).

"Hay una evolución positiva de los servicios sociales desde 2014 por el impulso de los nuevos gobiernos de las CCAA, se ha registrado una menor recuperación de los servicios sociales en el ámbito local y respecto a la administración del Estado acumula recortes de casi 5.000 millones de euros", ha explicado el coordinador del estudio, Gustavo García Herrero.

El informe señala que las diferencias entre comunidades "se amortiguan a nivel general" y el nivel de desigualdad es menor, pero sigue existiendo una "extraordinaria diversidad de esfuerzos, cobertura y derechos garantizados" entre territorios.

En la reducción de la desigualdad ha influido que las dos autonomías con la menor puntuación, Canarias y la Comunidad Valenciana, "han comenzado a avanzar" y el desarrollo de los servicios sociales "ya no es prácticamente nulo" como hasta ahora.

Pero en general, las diferencias son "extremas", y mientras comunidades como Baleares, País Vasco o Galicia tienen un profesional en los servicios sociales básicos por menos de 2.000 habitantes, en Galicia llegan a los 4.930 ciudadanos por cada trabajador.

"Los recortes en el sector tocaron fondo en 2013 y desde entonces el nivel general registra una tendencia creciente de la inversión en servicios sociales, pero a distinto ritmo y no se recupera el nivel alcanzado en 2012", ha asegurado García.

Sin embargo, considera que esa recuperación no se aprecia en mejoras en servicios esenciales, como los domiciliarios, que deberían ser una prioridad "porque todas las personas quieren estar en sus casas lo máximo".

"Estos servicios domiciliarios generan mucho empleo y son muy necesarios y vemos que los indicadores de cobertura de esos servicios no solo no aumentan, sino que se reducen en algunas CCAA", ha alertado.

El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha denunciado que el sistema actual "está retornando a un modelo asistencialista de ayudas económicas" y ha propuesto establecer una ley de garantías de rentas mínimas, para que "la gente no tenga que estar buscando recovecos y mendigando ayudas".

El siguiente cuadro, refleja la calificación que obtienen cada comunidad en el Índice 2017 (sobre 10) y detalla las valoraciones respecto a los derechos reconocidos (hasta 1,5), del gasto (hasta 3) y de las coberturas (sobre 5,5):

CCAA Derechos Gasto Cobertura IDEC

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P.Vasco 1,35 2,80 3,60 7,75

Navarra 1,35 2,90 3,15 7,40

C y León 1,45 2,20 3,85 7,50

La Rioja 1,00 2,60 2,85 6,45

Asturias 0,55 2,60 2,20 5,35

Cantabria 0,10 2,30 2,20 4,60

C-La Mancha 0,50 2,50 2,40 5,40

Cataluña 1,45 1,30 2,45 5,20

Extremadura 0,40 2,90 1,85 5,15

Andalucía 0,90 1,70 2,65 5,25

Aragón 1,45 1,70 2,05 5,20

Baleares 1,40 1,10 2,10 4,60

Madrid 0,40 1,00 2,10 3,50

Galicia 1,35 0,90 1,90 4,15

Canarias 0,40 1,20 1,70 3,30

Murcia 0,40 0,70 2,30 3,40

C.Valenciana 0,40 0,50 1,15 2,05

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Prom CCAA 0,87 1,82 2,38 5,07