El consejero de Hacienda y Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo Brito, ha exigido a Seguridad Integral Canaria que pague la totalidad de los salarios pendientes de abonar a los empleados que prestan su servicio en la institución insular.
En este sentido, Brito indicó que la previsión es que la empresa pague los salarios en "el plazo máximo de una semana" y que estos "se ajusten" a las condiciones que establece el convenio estatal, según informó el Cabildo en nota de prensa.
De todos modos, apuntó que el Cabildo continúa con el procedimiento para sustituir esta empresa por la vía de emergencia, al tiempo que agregó que de "no atender esta petición incluirá en las condiciones de adjudicación una cláusula por la que la empresa entrante adelante el día 1, al menos, la mitad del primer sueldo para tratar de aliviar la situación que atraviesan los trabajadores".
Así, dijo que la previsión era ejecutar la sustitución esta semana pero la presentación de una concursal por parte de Seguridad Integral Canaria ha modificado la situación de los contratos y "el Cabildo trabaja ahora por resolver la situación en el nuevo marco legal".
El contrato de Seguridad Integral Canaria con el Cabildo vence en junio de 2018, si bien debido a la "insostenibilidad de la situación de impagos salariales", la institución insular trabaja en la resolución del contrato, además de plantear ante el Servicio de Intervención la posibilidad de adjudicar el servicio por los meses que restan por la vía de emergencia, un procedimiento extraordinario que fue autorizado.
Así, de forma paralela, se pondrá en marcha el concurso para la adjudicación definitiva del servicio de seguridad en junio. En este sentido, se explicó que tanto la empresa provisional como la definitiva subrogarán al personal y deberán ajustarse al convenio estatal.
Brito explicó que este cambio de empresas en el que se trabaja, se produce por la "preocupación que ha generado el problema" en el que están inmersos los trabajadores de Seguridad Integran Canaria," que suman varios meses de impagos salariales, algo que el Cabildo de Gran Canaria no puede aceptar".
Por último, señaló que a ello se suma la "inseguridad" de la propia empresa tras manifestar que quiere abandonar el sector del servicio de seguridad a terceros.