Las carreteras canarias se cobraron la vida de 38 personas en 2016 y el repunte de esta lacra se ha agravado en toda España durante 2017, por lo que se ha agudizado el realismo e impacto de las campañas mediáticas para evitarlo. Sin embargo, las playas, calas, charcos y otras zonas de baño del Archipiélago pusieron fin a la vida de 51 bañistas en ese mismo 2016 y el recién cerrado 2017 contabilizó 93 (21 más que en 2016). Unos datos más que alarmantes que, pese a la complejidad existente, ha hecho reaccionar al Gobierno regional, que ha elaborado un copioso borrador de nuevo decreto sobre seguridad en la costa que, entre otras medidas, apunta a la contratación de hasta 501 nuevos socorristas o personal formado para estas labores de prevención y salvamento en los próximos años.

El texto, de 190 páginas y al que ha tenido acceso EL DÍA, aún no es definitivo porque ha de cerrarse el periodo de alegaciones y, además, apunta en algunas playas que el cálculo de usuarios puede ser errónea y a la baja, con lo que la necesidad de socorristas sería, incluso, mayor en esos casos. No obstante, y si bien se obvian algunos charcos o zonas de baño menos habituales, pero también visitados (hasta por turistas, que son las víctimas más propicias), el documento supone uno de los estudios más pormenorizados del litoral isleño. Una costa que, en unos 1.500 kilómetros lineales, incluye unas 579 playas, siempre según el criterio regional. Una macrooferta de ocio que, por lo que refleja el análisis, presenta muchos déficits en cuanto a su protección.

El borrador lo firma la directora general de Seguridad y Emergencias, Nazaret Díaz Santos, e incluye numerosas fichas por municipios con el detalle de cómo se encuentran sus playas, el número de socorristas en cada caso y su nivel de peligrosidad. Ese nivel se traduce en tres estadios de protección: el que se considera bajo, el moderado y alto.

Aunque, por supuesto, la exigencia de socorristas para el nivel bajo es mucho menor, aún así se apunta a la necesidad de 11 nuevos trabajadores para el mismo número de localidades, que deberían incorporar a una persona más. En este caso se encuentran Agulo, Artenara, Betancuria, El Sauzal, Garafía, La Guancha, Puntagorda, Puntallana, San Miguel, Santa Lucía y Tijarafe.

Sin embargo, el gran esfuerzo se deberá hacer en las que necesitan una protección alta y moderada, sobre todo en aquellas playas que carecen de personal. En las de mayor peligrosidad, el decreto apunta a la necesidad de un coordinador del servicio, un socorrista en cada torre de vigilancia existente, otro de actividades acuáticas para la atención sanitaria cada dos torres, dos para la vigilancia a pie de playa, otros dos para la embarcación de auxilio y, de ellos, al menos uno con la debida acreditación para el manejo de la embarcación. En las de peligro moderado, las exigencias son casi iguales, lo que hace un mínimo de, al menos, 490 nuevos trabajadores.

Así, la distribución global por municipios queda de esta manera: el que necesita más es San Bartolomé de Tirajana, con 40. Le siguen Yaiza con 33, Mogán (26), Teguise (24), Candelaria (17) y Granadilla de Abona, La Oliva y Tías con 15. Además, Arona y Gáldar requieren 14 nuevos empleados de seguridad en el mar; la cifra baja a 13 en Telde, a 11 en el Puerto de la Cruz y La Aldea de San Nicolás y a 10 en Haría y Arico.

El listado se completa con Las Palmas, Guía de Isora y Arucas con 9 nuevos trabajadores; con Santa Cruz de Tenerife, Mazo, Moya y Agaete con 8, y con Santiago del Teide, El Rosario, Garachico, Los Llanos de Aridane y Puerto del Rosario con 6 más. En el caso de Santa María de Guía y Tazacorte se requieren 5 y, a partir de aquí, la tabla multiplica los municipios que necesitan de 2 a 4 socorristas a incorporar. Así, y siempre según este estudio, se necesitan cuatro en Agüimes, Arrecife, Buenavista, Icod de los Vinos, La Orotava, Los Realejos, Los Silos, Pájara, San Bartolomé, La Laguna, Tacoronte, Tinajo, Tuineje, Valle Gran Rey, Vallehermoso y Valverde.

Por su parte, se sugiere la incorporación de tres en Breña Baja, El Pinar, Fuencaliente, Güímar y San Sebastián de La Gomera, mientras que se completa el cuadro con los que requieren, como mínimo, de dos más: Alajeró, Antigua, Barlovento, Breña Alta, Fasnia, Frontera, Hermigua, Ingenio, La Matanza, San Andrés y Sauces y San Juan de La Rambla.

2,5 millones a la espera de muchos detalles

El borrador del decreto ha de entenderse como eso, como provisional, ya que, por ejemplo, no se concretan los horarios a cubrir o si los socorristas deben hacer turnos para dar seguridad más horas. Hay que tener en cuenta que las competencias sobre seguridad en la costa son locales y, por eso, el texto se ha trabajado junto a la Fecam y el decreto definitivo será fruto del consenso porque, más allá de la incorporación de medio millar de socorristas, la dramática cifra de ahogados (y obviando los que perecen en piscinas) no se reducirá solo con eso, sino con actuaciones coordinadas, transversales y múltiples, así como con la intensificación de campañas informativas que, según subraya la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, ya se aplican. La responsable del área indica a EL DÍA que este decreto necesita 2,5 millones para su ejecución, aunque se felicita porque los consistorios aceptan cubrirlos con parte de los 25 contemplados en el Fondo de Financiación Municipal, lo que, incluso, amplía el margen. Por otro lado, el borrador subraya su compatibilidad con la legislación vigente, si bien moderniza textos que datan, por ejemplo, de 1972. Asimismo, aclara que no se requerirá modificar ninguna estructura de personal local.