El Gobierno canario cifra en más 700 millones de euros "la deuda" que el Ministerio de Fomento ha contraído con las islas desde 2012 por no haber invertido en sus carreteras lo pactado para ese período en el convenio firmado por ambas partes, debido a los recortes de gasto durante la crisis.

Desde 2012, Canarias ha ido denunciado año tras año ante los tribunales los incumplimientos del Estado con las cantidades acordadas en el convenio de carreteras del período 2006-2017, en un litigio que el Supremo ha comenzado a resolver ahora.

En una sentencia dada conocer hoy, el Supremo falla que el Estado debe a Canarias los 138 millones que invirtió de menos en 2012, al estimar que no siguió el procedimiento legal exigible para justificar por qué no podía hacer frente a lo pactado en su día.

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), ha destacado hoy que ese fallo supone una "muy buena noticia" para las islas, no solo por "el precedente" que establece para los años siguientes a 2012, sino porque mejora la posición de la comunidad en las negociaciones que tiene abiertas con Fomento para firmar un nuevo convenio.

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha precisado que desde 2012 hasta la actualidad, el Estado ha invertido en las carreteras canarias 700 millones menos de lo que disponía el convenio, cantidad que, en buena parte (400 millones), tuvo que aportar la comunidad autónoma de su propia hacienda para evitar que se pararan sin fecha obras importantes que estaban ya en ejecución.

El vicepresidente de la comunidad ha recalcado que el incumplimiento del convenio por parte del Gobierno central ha supuesto que muchas obras que se tenían que haber terminado hace años, "desgraciadamente" no han acabado todavía, que algunas hayan duplicado sus calendarios y que otras ni siquiera hayan empezado.

El consejero no ha querido especular sobre cuál será el resultado de los recursos presentados por Canarias por los años siguientes a 2012, pero ha remarcado que "está claro" que la sentencia divulgada hecha pública hoy "genera un precedente histórico".

"Se da un carácter superior al convenio firmado a las dos administraciones, el Gobierno de España y el de Canarias, por encima de la cuantía que se fijó en los presupuestos del Estado. Esto da a los convenios que firmamos entre administraciones una garantía de que se tiene que cumplir lo que está escrito", ha argumentado.

Pablo Rodríguez ha recordado, asimismo, que Canarias "no recibe nada" del dinero que Fomento destina cada año a invertir en las redes de ferrocarril, al contrario que el resto de autonomías.

Como ejemplo de las consecuencias que han tenido los incumplimientos del Gobierno central con Canarias en esta materia, el vicepresidente regional ha recordado que la carretera de La Aldea (Gran Canaria) ya tendría que estar concluida y ni siquiera se ha iniciado su segunda fase.

También ha citado el caso de la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, una obra que lleva diez años de ejecución cuando su plazo era de cinco, o los incumplimientos con carreteras importantes para Tenerife, como la TF-5 y la TF-1.

Rodríguez ha subrayado que el dinero que el Estado recortó del convenio con las islas ha generado incomodidades a los ciudadanos y ha impedido resolver problemas de movilidad que tienen sus principales áreas metropolitanas, como son los accesos a Santa Cruz y La Laguna, en Tenerife, y a la Las Palmas y Telde, en Gran Canaria.