La Consejería de Políticas Sociales realizó en 2017 un centenar de inspecciones en centros de mayores, dentro de una campaña de control que pretende mejorar las condiciones de estas instalaciones y acabar con la "dejadez" en materia de control.

El viceconsejero del área, Francisco Candil, explicó a este periódico que su departamento está trabajando con dureza para que todos los centros cumplan con el decreto que está en vigor, que establece las condiciones que deben cumplir estas infraestructuras en el Archipiélago.

En la mayoría de estas inspecciones -que se han llevado a cabo por iniciativa propia o después de recibir reclamaciones- se han detectado algún tipo de irregularidades. "Se levanta acta y en casi todas hay que hacer alguna precisión. El efecto de toda esta campaña se verá con más claridad dentro de ocho meses", cuando se verifique que los centros han adaptado los espacios y acatado las recomendaciones de la Inspección, estimó Candil.

Las principales carencias que ha detectado el servicio están relacionadas con problemas de seguridad, la falta de planes antiincendios o el incumplimiento de la ratio profesional-residente. "Las instituciones públicas y el sector empresarial tienen que trabajar para que se cumpla la normativa", insistió.

Candil recalcó que el objetivo de su departamento no es cerrar centros y residencias, pero que lo hará si es necesario, y advirtió de que pondrá todos los recursos disponibles para asegurar que las instalaciones son adecuadas para acoger a estas personas.

El envejecimiento de la sociedad incrementará las necesidades residenciales de la población mayor. La firma esta misma semana del segundo plan de Infraestructuras Sociosanitarias entre el Gobierno y los cabildos duplicará en los próximos cuatro años el número de plazas en las Islas, que ahora mismo presentan un déficit importante en la materia. "Lo que tenemos que querer todos, porque todos seremos mayores y necesitaremos estos servicios, es que los centros cumplan con la legalidad vigente".

La reforma del decreto

El decreto 67/2012, por el que se aprueba el reglamento regulador de los centros y servicios, "debe reformarse". Franscisco Candil considera que se ha quedado obsoleto y que la nueva Ley de Servicios Sociales es la "oportunidad" perfecta para mejorar la normativa. "Por ejemplo, debe diferenciarse entre un centro ambulatorio y uno de día; no podemos pedir los mismos requisitos", apuntó el viceconsejero.

De un inspector a cinco

Cuando Candil tomó posesión como viceconsejero el servicio de Inspección contaba solo con dos trabajadores y uno estaba de baja. La escasez de plantilla favorecía "la dejadez" que ha predominado en los últimos años. Ahora ya cuenta con cinco, pero el responsable de Políticas Sociales quiere seguir incrementando la plantilla en la medida de lo posible. "En Canarias nos tenemos que poner las pilas con este tema, es importante", subraya.