Santa Cruz de Tenerife

El caso Faycán sienta en el banquillo a 29 acusados de la trama de Telde

La instrucción se inició en 2006, cuando se destapó en el ayuntamiento el supuesto cobro de comisiones ilegales en la etapa que estuvo gobernado por el Partido Popular y Ciuca.
Efe, Las Palmas de Gran Canaria
13/ene/18 6:31 AM
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La Audiencia de Las Palmas iniciará el lunes el juicio del caso Faycán contra los 29 acusados que figuran en la causa, cuya instrucción se inició en 2006 cuando se destapó en el Ayuntamiento de Telde el supuesto cobro de comisiones ilegales en la etapa que estuvo gobernado por PP y Ciuca.

Entre los procesados figuran el entonces alcalde de Telde, Francisco Valido (en la fotografía que acompaña esta información), y cinco ediles, incluida la responsable de Desarrollo Local y presidenta del PP en ese municipio, María del Carmen Castellano, quienes se enfrentan a seis y cinco años de prisión por cohecho y prevaricación, en el caso del primero, y malversación, fraude, falsedad y blanqueo, en el de la segunda.

En el banquillo se sentarán también el interventor municipal Enrique Orts, viudo de la edil de Contratación María Antonia Torres, a quien el fiscal sitúa en el centro de la trama, si bien se suicidó en 2010 cuando aún se instruía el caso, así como otros técnicos, funcionarios y empresarios que se enfrentan a condenas que llegan a los trece años de prisión.

Además, el fiscal exige que los acusados repongan al erario municipal, entre todos ellos, casi 1,30 millones de euros que presuntamente habrían cobrado en sobornos o habrían blanqueado ilegalmente.

La Fiscalía considera que los procesados urdieron "un sistema de obtención ilícita de fondos" prevaliéndose de sus cargos públicos, con la colaboración de varios empresarios que pagaban sobornos.

Subraya que ese entramado tenía como finalidad aparente "financiar al PP de Telde", si bien eso "solo era un pretexto" -matiza-, porque el objetivo real era obtener beneficios para el patrimonio personal de una serie de acusados que dirigían la concesión de contratos de obras y servicios en el ayuntamiento durante el mandato del PP y Ciuca entre 2003 y 2007.

La acusación considera que, además de la fallecida María Antonia Torres, en el centro de la trama figuran su esposo, el interventor municipal Enrique Orts; Valido y su concejal de Hacienda, Carmelo Oliva Betancourt.

Su sistema de conseguir fondos consistía en exigir comisiones ilícitas, que en algunos casos llegaban al 20 por ciento, a las empresas que pretendían lograr algún contrato con el consistorio o que simplemente pedían cobrar sus deudas atrasadas.

La Fiscalía relata que empresas de todo tipo, desde una ferretería local que se convirtió en proveedora casi en exclusiva del ayuntamiento hasta una constructora de implantación nacional, como Dragados, pagaron comisiones en varias operaciones por más de medio millón de euros, casi siempre a la persona que ejercía como intermediario de la trama: Francisco Gordillo.