La recuperación no llega a quienes menos tienen. La cifra de solicitantes de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) apenas varió entre 2016 y 2017 -en torno a los 13.000- y la cifra de beneficiarios totales -incluye a todos los miembros de la unidad familiar- superó los 25.374. Entre esos "beneficiarios" se contabilizaron a 6.237 menores (677 no tenían ni tres años). A pesar de la dureza de los datos, la PCI no permite hacer una radiografía de la sociedad más vulnerable de Canarias. Es lo que piensa el Colegio Oficial de Trabajadores de Santa Cruz de Tenerife. Su presidenta, Candelaria Delgado, advierte de que la principal carencia que tiene la prestación, y que hay que revisar, es su limitación temporal, "algo que no ocurre con ayudas similares de otras comunidades autónomas".
La PCI es una ayuda de emergencia para quienes menos tienen, pero que incluye itinerarios de empleo para que estos ciudadanos logren insertarse en el mercado laboral y mejoren sus vidas. La nómina media -varía en función de los miembros del hogar- es de casi 500 euros. "Una unidad familiar puede solicitar la PCI una vez en la vida por un máximo de 24 meses". Cuando se cumple ese plazo, dejan de ser beneficiarios, pero no demandantes de ayudas sociales.
Los datos y la experiencia ponen en duda su eficacia. El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales insiste en que en ese tiempo es muy difícil que las familias salgan de la situación de precariedad en la que se encuentran, y, sin embargo, no pueden volver a solicitar este salvavidas. Se dan varias circunstancias que dificultan que la prestación sirva como herramienta de inserción. Por un lado, el perfil de algunos de los solicitantes -hay personas con problemas de drogodependencias, discapacidad o enfermedades mentales-; por otro, la escasez de trabajadores sociales para atender tantos itinerarios de empleo personalizados como requieren los usuarios.
Delgado no está de acuerdo con que el Gobierno canario financie los trabajadores sociales de los ayuntamientos en función del número de PCI que tramitan. "Las familias que dejan de percibir la ayuda siguen acudiendo a los servicios sociales, siguen necesitando el asesoramiento de estos trabajadores", advierte. "Los ayuntamientos están saturados, necesitan más personal", insiste.
A esa falta de profesionales se une la tardanza en la publicación de las subvenciones que permiten la contratación de estos trabajadores. Los trabajadores sociales piden que se otorguen de manera plurianual, de forma que cada año los consistorios no pasen los primeros meses del año sin esta plantilla, a la espera de la dotación económica para volver a contratarlos. Además de la inestabilidad laboral, esto provoca un "cuello de botella" los primeros meses del año. A pesar de sus argumentos, de momento -falta el trámite parlamentario- "esta reivindicación no aparece en la futura en la Ley de Servicios Sociales". "No estamos contentos con el documento pero somos optimistas: nos estamos reuniendo con los grupos parlamentarios para intentar incluir modificaciones".
Según los datos del Colegio, en Canarias apenas hay un trabajador social por cada 17.000 habitantes, cuando "lo ideal" es uno por cada 3.000, detalla Delgado. "Somos conscientes de las limitaciones de gasto que ha tenido el Gobierno canario, pero queremos un plan a medio y largo plazo para cambiar este déficit".
Delgado y su equipo sostienen que en Canarias hay 42.300 familias sin ningún tipo de ingresos. Para que todas recibieran la cuantía media que se otorga con la PCI (en función de los miembros de la familia) "se necesitarían 338 millones", calcula. "Los números que da el aplicativo de la PCI no son reales".
Mujer sola con hijos a su cargo
Los hogares que más solicitan la PCI son unipersonales (47%), pero tres de cada diez (28%) están formados por mujeres solas que tienen hijos a su cargo. Solo en el 2,21% de los casos se trata de hombres con hijos. No es solo en este apartado en el que se percibe que las mujeres padecen la pobreza en mayor medida. Si analizamos el perfil mayoritario del solicitante principal (62% en 2017 y 64% en 2016) vemos que se mantiene invariable: mujer de entre 45 y 52 años.
El divorcio aumenta el riesgo de pobreza
Un diagnóstico elaborado el año pasado por expertos de las dos universidades para conocer la situación de pobreza y desigualdad que afecta al Archipiélago reveló que las Islas sobresalen en el contexto nacional por las altas tasas brutas de divorcio, lo que "aumenta el riesgo de pobreza -el nivel de ingresos que antes mantenía un hogar pasa a mantener, tras la separación dos hogares distintos-, así como una mayor presencia relativa de mujeres al frente de hogares con menores (lo que incide en el riesgo de pobreza de ambos colectivos)". Además, "también es abultada la diferencia en niveles formativos, "con una presencia relativa mayor de sustentadores principales con bajos estudios". Canarias solo ha tenido un plan de lucha contra la pobreza. Se aprobó en 1998, finalizó hace diez años y nunca se evaluó. Después se han puesto en marcha medidas de choque, pero no una estrategia conjunta. El Gobierno le ha encargado al comisionado la redacción de un nuevo plan.
Pocos extranjeros
Los datos de demandantes de PCI, facilitados por la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, también ponen en evidencia que apenas hay extranjeros que reciban esta ayuda. En el 90,2% de los casos se trata de personas de nacionalidad española y solo el 9,8% de los solicitantes son foráneos.
Nómina media
La cuantía de la PCI varía en función de los miembros de la familia, pero la "media" roza los 500 euros al mes. En total, el Gobierno destinó algo más de 53 millones de euros a abonar esta ayuda en 2017. Los trabajadores sociales advierten de que la mensualidad que recibe una familia, que está en torno a los 800 euros, no permite sobrevivir a cuatro personas. "Solo con pagar el alquiler ya se te va una parte importante. Estas personas no es que no lleguen a fin de mes, es que no llegan a mitad de mes", dice Delgado.
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