El sindicato CSIF ha emprendido una campaña para recordar que los empleados públicos de la Administración General del Estado en las islas perciben, por realizar el mismo trabajo, un 25% menos, que en algunas comunidades autónomas, como Cataluña o el País Vasco, por ejemplo. Así se refleja en una carta remitida al subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, aunque, evidentemente, este cargo no tiene competencias reales en dicha materia.

Desde el CSIF explican que en el Archipiélago la situación afecta a unos 4.000 funcionarios. Pero en esa cifra no se incluyen a los policías nacionales y guardias civiles, que, por su lado, también reivindican una equiparación salarial con respecto a lo que perciben los miembros de la policía autonómica catalana. El citado sindicato indica que en el conjunto de las administraciones públicas se ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo por parte del personal del 20% como consecuencia de los recortes impuestos para conseguir superar la crisis económica.

Según el CSIF, en la Administración General del Estado, además, en los ejercicios de crisis "se ha sido especialmente riguroso en el cumplimiento de los criterios de gasto para mantener los objetivos de déficit, lo que ha incrementado un desfase adicional que es preciso compensar de manera paulatina en los próximos años, una vez constatada la tan ansiada recuperación económica". La organización sindical pone de manifiesto la necesidad de de retomar las negociaciones en materia salarial, incluyendo en los próximos presupuestos una partida de 200 millones para iniciar esa homologación retributiva de los empleados públicos de la Administración General del Estado.

Desde el CSIF señalan que, por ejemplo, la diferencia salarial entre un funcionario de prisiones de Cataluña y uno que desarrolla su labor en Canarias puede rondar los 5.000 euros al año, aproximadamente.

El escrito enviado al subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife está firmado por el presidente provincial del CSIF. La iniciativa se ha trasladado también a los representantes del Gobierno del Estado en otras CCAA. Dicho sindicato demanda retomar las negociaciones a nivel general de recuperación de poder adquisitivo, aunque también la jornada laboral de 35 horas semanales, estabilización de empleo público, mejora de la oferta pública de empleo y recuperación de las condiciones laborales.