El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán (Las Palmas 1963), es el miembro del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo que atesora mayor experiencia política. Quizás por ello, en los doce meses transcurridos desde su nombramiento, apenas ha tenido sobresaltos. El mayor quebradero de cabeza, como él afirma, la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz, que lo llevó incluso a presentar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por el comportamiento de algunos jueces.

Hace más o menos un año que tomó posesión del cargo de consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, ¿cuál es su balance?

Como sabe, había planteado mantener el acuerdo programático que teníamos con el PSOE, por lo tanto hay una continuidad en el trabajo. Quizás lo más importante en este año es que hemos aprobado la estrategia de modernización y transparencia de gobierno abierto y esto nos va a permitir, espero que así sea, que en los próximos años vayamos construyendo lo que yo entiendo como la modernización de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de cara al futuro. Me refiero a la cualificación de todo el personal que trabaja en la administración, de simplificación administrativa y también todo lo que es el avance del mundo de las nuevas tecnologías en la relación con los ciudadanos, por citar alguno de los elementos importantes de esa estrategia.

Dentro de esa estrategia está el portal canariasparticipa.com, ¿hay conciencia entre los canarios de participación?

Hay conciencia de que tenemos que ser más transparentes, de que la gente exige más transparencia en lo que se hace con sus recursos públicos, con sus impuestos, pero después, a la hora de aplicarla de forma efectiva, todavía no hemos alcanzado que los ciudadanos se acerquen a los portales de transparencia, en este caso de la comunidad, y sean activos. Hay excepciones, por ejemplo en la ley de protección de animales es una de las leyes con más participación. Ahora, en el periodo de alegaciones, hay más de 9.000.

No está mal

Pero la idea que tenemos es que haya una mayor comunicación de la administración con los ciudadanos, que efectivamente vengan a la página y se interesen por la información. Otro gran reto es que mucha de esa información esté abierta, es decir, esté en código abierto, de tal forma que pueda ser tratada por los ciudadanos o por los colectivos que quieran analizar esa información.

¿Esa relación con la administración es a través de colectivos o de forma individual?

Hay de todo, personas que se interesan a título individual sobre muchísimas cosas. Hemos notado que hay mayor interés sobre las cosas que tienen que ver con los sueldos, con lo que son las responsabilidades de sus representantes públicos, pero la administración es algo más, hay muchísima información que lo que nosotros pretendemos es divulgarla y ver cómo podemos conseguir que la gente se acerque más al portal de la transparencia y participe más de los asuntos públicos.

Entonces, hay más curiosidad por algunos detalles, como pueden ser los sueldos, pero...

Hay curiosidad, pero también mucha gente que se acerca a la administración con el ánimo de saber, de informarse, de estar mejor informado.

¿A lo largo de este año, cuáles son los asuntos que le han proporcionado más alegrías?

Desde el punto de vista de la Consejería, creo que vamos mejorando en todo lo que tiene que ver con las políticas de la lucha contra la violencia de género y las políticas de igualdad, aunque estamos muy lejos todavía de nuestros objetivos, de lo que nos gustaría que fuera. A pesar de las críticas que se hacen en el Parlamento sobre las políticas de igualdad, sí he encontrado bastante colaboración en los grupos parlamentarios, para que esto no sea un tema de pim, pam, pum entre las fuerzas políticas, sino en el que lleguemos a acuerdos. Mi intención este año es, junto con los colectivos con los que ya trabaja el ICI (Instituto Canario de Igualdad), ver con los grupos parlamentarios dónde deberíamos fijar las prioridades del pacto de Estado en Canarias en los próximos años. De tal forma que enfoquemos los presupuestos en esa línea.

¿Además de alegrías, también habrá cuestiones que le hayan dado algún quebradero de cabeza?

Quizás el llegar a un acuerdo y a un entendimiento en dónde iría la Ciudad de la Justicia en Santa Cruz. También hemos tenido algún desencuentro con los sindicatos, sobre todo ahora, a final de año, con la ley de presupuestos, pero con diálogo, con consenso, hablando las cosas, buscando puntos de encuentro, vamos superando esos pequeños rifirrafes. Debo reconocer que, sin perjuicio de las legítimas reivindicaciones de los sindicatos por mejorar las condiciones de los empleados públicos, hay también bastante comprensión por parte de ellos en analizar sus reivindicaciones en el conjunto de los intereses generales de la Comunidad Autónoma. Eso nos permite llegar a acuerdos ahora y en el futuro.

¿Se podría calificar de buena su relación con los sindicatos?

Sí. Es buena, es correcta y espero que siga siendo así. Cada vez que me piden una reunión, más allá de las reuniones oficiales, de las mesas técnicas, sectoriales, de las que tenemos con ellos estandarizadas, cada vez que alguien de los sindicatos quiere tener una reunión conmigo, para plantearnos cualquier tema estamos abiertos al diálogo y los atendemos rápidamente.

Durante los años de crisis, la administración ha perdido empleos, incluso se achaca el retraso de algunos proyectos e inversiones a su falta de músculo, ¿se van a recuperar los puestos de trabajo o eso hay que descartarlo?

En los años de la crisis hubo una especie de ataque a las administraciones públicas por el exceso de personal. Es posible que analizando con lupa alguna administración o algún departamento del Gobierno se pudiera admitir esa crítica, pero en general para la función de atender a la ciudadanía es imprescindible que haya capital humano para poder hacerlo en tiempo y forma.

Entonces...

Estos años en los que las tasas de reposición de las jubilaciones y de las pérdidas de empleo estaban solo a un 10% de lo que se perdía nos han hecho daño. Nos han hecho daño en sectores incluso sensibles como puede ser la sanidad, la educación o la administración general. Y, efectivamente, podemos estar en un riesgo de pérdida de músculo si no actuamos rápido. Ahora mismo estamos con las convocatorias de oferta pública de empleo de los años 2015, 2016 y 2017, y la idea es continuar en ese ritmo para recuperar el empleo perdido.

¿Habrá acuerdo con los sindicatos? En educación están pidiendo que se rebaje la cantidad de la OPE.

Lo que están pidiendo es que todo ese empleo público no salga en una sola convocatoria, sino que pueda hacerse en varias. Es una cuestión legítima, que educación analizará y valorará. No creo que estén en contra de que se convoquen esas plazas, ese empleo, y se dé estabilidad, sino más bien cómo van a ser esas convocatorias.

En el debate de primar la experiencia o el examen, ¿usted dónde se sitúa?

En el ámbito del Estado se ha abierto una posibilidad para dar estabilidad a la interinidad que existía en las administraciones públicas, en todas las administraciones públicas. Nosotros tenemos una gran interinidad y tenemos que afrontar ese problema. Ese es uno de los debates que se está intentando dilucidar, cuánto pesa la bolsa de la experiencia y los años trabajados en la administración y cuánto pesa en este caso el puro examen, la prueba. Lo lógico es que los años de experiencia en la administración tengan un valor a la hora de dar estabilidad a los que ya trabajan en ella y que son interinos, por culpa de la propia administración, por no haber sacado las oposiciones, y ahora se ven abocados a la posibilidad de perderlo. Por lo tanto, tienen que tener un peso razonable también los años trabajados y la experiencia en la administración.

Otro problema surgido en estas últimas semanas es el de la vigilancia y la limpieza en los juzgados, ¿se puede dar por solucionado?

En principio estamos en una posición de que está solucionado y se ha vuelto a normalizar la situación. En el caso nuestro, ya en diciembre sacamos el concurso del servicio de seguridad y ya veremos quién se lo lleva de las empresas que se han presentado. La ventaja que tenemos en este nuevo concurso es que hemos puesto una cláusula, de las que llamamos o de las que llaman sociales, en la que cualquier oferta que se nos haga por parte de las empresas que se presentan al concurso nunca se le puede pagar a uno de sus trabajadores por debajo de lo que tienen establecido en el convenio estatal. Es decir, pueden jugar con cualquier otra cosa dentro de las ofertas que presenten, pero nunca puede ir esa rebaja o esa mejora de la oferta en detrimento del sueldo que legítimamente les correspondería a los trabajadores.

¿Esa es la principal reflexión que se puede sacar de este conflicto?

Creo que sí, más allá de los problemas. Es decir, prevenir durante un contrato que puede desarrollarse en dos, cuatro o seis años, hacer una predicción de cómo va a estar esa empresa en esos años es muy difícil. Tenemos que ir con igualdad y por lo tanto las empresas que estén en condiciones según las bases pues tienen derecho a presentarse.

Antes hablaba usted de que su principal quebradero de cabeza había sido la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz. ¿En qué fase está ahora mismo ese proyecto?

En la última reunión que mantuve con el ayuntamiento nos han hecho un boceto de cómo podría encajarse la ciudad. El ayuntamiento está trabajando lealmente con esta Consejería, para buscar una solución. De hecho, quiero agradecerles públicamente el esfuerzo que han hecho con Disa para llegar a un acuerdo, liberar la plaza y unir todas las parcelas. Esto es un trabajo que ha hecho el equipo municipal, la Gerencia de Urbanismo, y nos da por lo menos una posibilidad real de colocar la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos. Ahora estamos en la fase de estudiar cómo se hace eso, la segunda reunión que mantengo en los próximos días es con el equipo de Política Territorial, para que nos ayuden a entender cómo podía dársele una solución con la nueva ley del suelo y con el PGOU de Santa Cruz a la propuesta que nos ha puesto sobre la mesa, en este caso el ayuntamiento, que es una propuesta interesante porque nos permitiría colocar una ciudad de características similares, en volumen, a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas.

Al final ha tenido usted que dar marcha atrás sobre su idea inicial.

Yo no tengo ideas iniciales, lo que quiero es solucionar problemas. A mí me da igual dónde pueda ir la Ciudad de la Justicia.

Pero su primera propuesta fue El Sobradillo.

La primera propuesta fue El Sobradillo porque era un terreno de la Comunidad que reunía los requisitos. Se ha abierto esta nueva posibilidad y, precisamente, como no hay un empecinamiento por que vaya en uno u otro lugar, sino que vaya allí donde sea posible, vamos a estudiarla.

Igual no hay empecinamiento por parte de la Consejería, quizás por la otra parte sí

Hombre, la otra parte ha hecho bastante presión para que sea aquí. Nosotros no teníamos un especial empeño en que fuera en Cabo Llanos, sino que buscamos una solución definitiva. Date cuenta de que la ciudad lleva esperando por una solución de este tipo durante muchísimo tiempo. Lo que sí es verdad es que la Consejería tiene una línea roja en este sentido: no construir un edificio judicial para después, dentro de cuatro, cinco o seis años, quienes estén aquí tengan que estar planteándose buscar un nuevo suelo para hacer otro edificio. En eso creo que compartimos la misma visión con el ayuntamiento, una solución integral para cuarenta o cincuenta años.

Si la otra parte hubiera sido otro colectivo, en lugar del poder judicial, ¿hubiera habido tanta condescendencia o no?

A mí me da igual. Ya sabe que yo cuando salieron también fui capaz de irme al Consejo General del Poder Judicial y hacer una denuncia por esa intromisión. Yo no me voy a achicar porque sean jueces o fiscales los que están en una posición. Aquí todo el mundo tiene que saber donde tiene que estar. Yo no me atrevería a meterme en sus asuntos y ellos lo que tienen que saber, como colectivo, es que tampoco se pueden meter en los asuntos de las decisiones que son puramente administrativas. Más allá de esto siempre soy una persona de diálogo y consenso y, por lo tanto, independientemente de quien me haga la presión, lo lógico no es fijarme en quién hace la presión, sino en si tienen o no razón en su planteamiento e intentar buscar un acuerdo.

Señalaba antes que una de sus alegrías es cómo ha evolucionado la violencia machista. Por desgracia, Canarias ha protagonizado estos días el primer asesinato de esta naturaleza. ¿Se está haciendo todo lo que se puede o no?

Nunca será suficiente lo que hagamos en esta materia, porque no estamos hablando de un problema que se solucione poniendo una buena red de servicios para atender a esas personas una vez que son agredidas, cuando están sufriendo la violencia de género y son capaces de denunciarlo y, por tanto, de atenderlas en ese recorrido. Igual que el tema de sus hijos, que a veces nos olvidábamos de que los hijos son parte de esa violencia machista. Creo que es un problema más de cómo nos educamos y cuál es el concepto que tenemos de esas cuestiones. Por eso nos preocupan muchísimo los datos que están aflorando del comportamiento de violencia machista en la adolescencia y en los jóvenes. Es decir, de qué nos sirve tener una red de atención si no atajamos el problema real, que es cómo mejoramos la educación sobre este problema. Creo que debemos volcarnos en los próximos años, insisto, no solamente en tener una buena red de atención, incluso amplificar esa red de atención con servicios especializados, sino dar un paso más la sociedad en su conjunto.

¿Por ejemplo?

Pues quienes tenemos responsabilidades, proyectar políticas en ese sentido, o quienes tienen un papel como los medios de comunicación, ayudar a la tolerancia cero, porque a veces la información puede aparecer de forma que se le quita hierro a la violencia machista. Por lo tanto, tenemos que volcarnos en los próximos años en hacer un esfuerzo colectivo en la educación, desde los colegios hasta el funcionamiento de la sociedad.

Se están destinando todos los recursos posibles

No, los recursos son insuficientes. Con el pacto de Estado esperamos que haya una política y una apuesta. Los vamos incrementando, pero creo que siguen siendo insuficientes. No podemos decir que no atendamos los casos de violencia de género, pero fíjate, no me doy por satisfecho por decir que tenemos una red junto con los cabildos funcionando y que por lo tanto no hay problemas. Sí hay problemas y para hacer esto que estábamos hablando de la educación, de trabajar con los medios de comunicación, con todos los que hacen posible que esa información sea transparente, necesitamos más recursos y nuestro objetivo es que vayan aumentando paulatinamente.