La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha comenzado hoy el derribo de la casa de Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura que entró en prisión en 2015 por un delito contra la ordenación del territorio al construir una casa en el Parque Rural de Betancuria.

Pasadas las diez de la mañana y ante fuertes medidas de seguridad, se inició el derribo de la vivienda, situada en Campo Viejo, después de que en 2012 el Juzgado de lo Penal dictara una sentencia que condenaba a Josefa Hernández a demoler la vivienda, a seis meses de prisión y a pagar una multa de 700 euros.

La conocida como abuela de Fuerteventura y sus hijos no han querido asistir al derribo de la vivienda, si bien Hernández, en declaraciones telefónicas a Efe, ha manifestado que ha querido vivir este día aislada mientras se pregunta si es "lógica la injusticia que le ha tocado vivir".

Ha asegurado que le "han destrozado la vida" con la demolición de la vivienda en la que vivía junto a una hija discapacitada y los tres nietos que tiene a su cargo.

El caso de Josefa Hernández atrajo el interés mediático en agosto de 2015 cuando tuvo que ingresar en la prisión de Tahíche, en Lanzarote, ante el rechazo social de gran parte de la sociedad.

Tres días después de entrar en la cárcel, la Audiencia Provincial revocó la decisión del juez del caso de no conceder la suspensión de la condena en firme; su salida de prisión se produjo un día antes de que el Consejo de Ministros aprobara el indulto.

El Gobierno de Canarias cedió una vivienda a Josefa Hernández en Puerto del Rosario, la capital de la isla, donde vive junto a su hija y sus nietos, aunque reconoce que el estar alejada del lugar donde vivió durante años "no es forma de vivir".

Teme que un día llamen a su puerta y le digan que "la casa fue prestada por un tiempo" y le pongan en la tesitura de pagar un alquiler (ahora no paga) o irse a la calle, que es lo que cree que le va a pasar.

Josefa se muestra dolida e indignada con que hayan conseguido tirar su casas "mientras siguen en pie los hoteles y chalets ilegales". "Yo que no tengo ni para comer y me tiran la casa".

Su hija Minerva Zerpa también se ha mostrado hoy molesta y ha denunciado que la sentencia solo contemplaba el derribo de la parte que fue ampliada "aunque más tarde se ordenó el derribo de la parte antigua".

Sin embargo, se ha mostrado sorprendida al conocer que se vaya a derribar la casa de madera anexa pues, "salió un juicio que supuestamente decía que no se tenía que tirar".

"Ahora nos dicen que también hay que tirar un aljibe al que llegaba el agua del pozo y una caseta que teníamos en una gavia con herramientas", ha criticado su hija.

La historia de Josefa comenzó en 1995 cuando regresó a su isla natal, Fuerteventura, desde Gran Canaria junto a sus hijos para vivir en una casa que sus padres le habían dejado en herencia en la zona de Campo Viejo, en Betancuria.

Josefa amplió la vivienda alegando que tenía que acoger a su hija discapacitada y a sus tres nietos, entre otros motivos, para que Asuntos Sociales no le retirara la custodia pero en 2007 fue denunciada por ampliar la casa.

Tras el juicio oral en marzo de 2012, Josefa fue condenada por un delito contra la ordenación del territorio.