Familias, asociaciones y profesionales de las Islas se han unido para impulsar una ley que blinde el servicio de atención temprana en Canarias a menores de hasta seis años con distintas patologías como Síndrome de Down, autismo, asperger, hipoacusia, prematuridad o, incluso, menores con trastornos de aprendizaje derivados del entorno social.

El borrador de la norma, para el que han contado con el apoyo del grupo parlamentario de Podemos, fue presentado recientemente en Tenerife y en breve se trasladará a Gran Canaria. El objetivo es que entidades y personas a título individual del Archipiélago puedan participar en una norma "de consenso" y que estos servicios, que aseguran la igualdad de oportunidades, se garanticen "por ley".

Se considera atención temprana el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años para dar respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y las niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.

La norma establece la necesidad de que ese tiempo de atención se prorrogue cuando las dificultades no sean transitorias, de manera que se garantice la igualdad de oportunidades y se logre que estas personas, en el futuro, sean autónomas.

La reivindicación de una red de atención temprana en las Islas lleva años de actualidad. El Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna (ULL) se creó hace 26 años como un proyecto de investigación, pero ante la falta de recursos institucionales acabó prestando el servicio. No era un servicio oficial, pero los profesionales del sistema sanitario público recomendaban a los padres acudir a él.

Los investigadores alzaron la voz en 2015 para pedir apoyo por la sobrecarga de trabajo. No fue fácil, pero en 2017 recibieron una ayuda de 100.000 euros gracias a un convenio firmado entre la ULL y la Consejería de Sanidad para reducir el gasto de los padres. Este año vuelven a estar a la espera de que el convenio se repita.

A esta incertidumbre se unen otros problemas. "Los menores deben tener una discapacidad reconocida para poder ser beneficiario y en la provincia occidental el trámite tarda dos años", denuncia uno de los padres, José Juan Gavilán. Además, muchos de los menores que acuden al Aula de Psicomotricidad ya han cumplido los seis años y sus familias deben asumir todo el coste. Por último, las complicaciones son mayores fuera de las islas capitalinas, donde hay menos equipos interdisciplinares capaces de valorar a los niños y profesionales para llevar a cabo el tratamiento.

El borrador de la ley se ha diseñado con apoyo del grupo Podemos, que ha hecho una labor de "acompañamiento" durante este proceso, en el que se ha trabajado "de manera paralela" a la labor que está desarrollando la Comisión creada por la Consejería de Sanidad, Educación y Políticas Sociales para establecer una red de centros.

"El texto no es definitivo: está abierto a las aportaciones que más plataformas quieran hacer antes de que se inicien los trámite parlamentarios", explicó Natividad Arnáiz, diputada de Podemos que ha liderado esta iniciativa dentro del grupo.

En el borrador de la norma han participado el Cermi, la Plataforma Tenerife Discapacidad y los padres y docentes del Aula de Psicomotricidad de la ULL, "que son un poco el epicentro de todo esto", explica la parlamentaria.

Los padres están descontentos con el trabajo de la comisión que está diseñando la red de atención temprana en la que participan tres consejerías por varias razones: el tiempo - "se creó hace dos años, con el anterior consejero, y aún no sabemos nada"-, la poca transparencia - "no nos informan"- y que de momento no hayan podido participar de alguna forma.

Arnáiz reconoce que se llevaron una sorpresa cuando tuvieron conocimiento de que en Canarias no existía ni una ley ni una red de centros de este tipo. Se queja especialmente de que "se necesite el certificado de discapacidad para ser atendido", teniendo en cuenta "el tiempo que se tarda". Además, advierte de la exclusión mayor a la que están abocados los menores que residen en islas no capitalinas.

Por último, insiste en que una red de este tipo promovería la autonomía de muchos menores, lo que permitiría que no fueran adultos dependientes.