El gasto farmacéutico no hospitalario en las Islas durante el año 2013 fue de 439,8 millones de euros, según desveló ayer el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz. Ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento regional, Díaz detalló cinco informes de fiscalización de diversos ejercicios, entre los que destacó esta cifra sobre lo destinado a fármacos en el Archipiélago, de la que el 87% se concentró en las áreas de salud de Tenerife y Gran Canaria.

El informe sobre gasto en farmacia concreta también que, en dicho ejercicio, se prescribieron y dispensaron un total de 39,2 millones de recetas, con un 88,5% electrónicas y un 11,5% de manuales. Según el análisis, el 95,9% del gasto farmacéutico no hospitalario se originó en la atención primaria, porcentaje que se ha mantenido estable en años previos, según señaló Díaz.

Respecto a la adquisición e intervención para implantes quirúrgicos realizados por el SCS, la fiscalización abarcó los cuatro centros hospitalarios de referencia: el Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. En este caso, aunque referido a 2012, el desembolso alcanzó los 35,2 millones de euros, habiéndose concentrado el 94% en los cuatro mayores hospitales de Canarias.

Los implantes más numerosos supusieron el mayor gasto de adquisición en el ejercicio fiscalizado, con 18,6 millones. De ellos, sobresalen los "stents" coronarios, marcapasos y electrodos, desfibriladores, tornillos de implantes de columna y prótesis valvulares, entre otros.

También se presentó el informe de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) relativo a 2016, año en el que la dotación estatal del FCI ascendió a 46,8 millones, superando la correspondiente a 2015 en 366.790 euros y confirmando así la tendencia positiva.

Asimismo, Díaz expuso los informes de fiscalización de las dos universidades canarias. Con respecto a la ULL y en el ejercicio 2015, el resultado presupuestario deja un superávit de 5,2 millones, con un remanente de tesorería de 30,3 millones. Según subrayó el presidente de la Audiencia, el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial están equilibrados y mantienen la estructura del modelo del Plan General de Contabilidad Pública, con un ahorro de 1,4 millones, mientras que, en el ejercicio de 2014, se registró un gasto por encima del equilibrio de 3,9 millones.

Díaz insistió en recomendar a la ULL que incremente sus recursos con otras fuentes de financiación, que apruebe su presupuesto con anterioridad al inicio del ejercicio al que corresponde, de manera que sirva como verdadero instrumento de programación y de disciplina presupuestaria, y concluir la implantación del sistema de contabilidad analítica.

En cuanto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el órgano de control externo señaló que, en el ejercicio de 2014, se dio un superávit de 315.277 euros, como consecuencia fundamentalmente de las desviaciones de financiación negativas con gastos con financiación afectada y un remanente de tesorería de 11,1 millones de euros. En cuanto al balance de este centro, está equilibrado, aunque en la cuenta del resultado económico-patrimonial se refleja un desfase negativo de 6,6 millones de euros, superior al registrado en el ejercicio 2013.

Asimismo, la Audiencia recomienda contar a la mayor brevedad posible con los módulos informáticos necesarios para el seguimiento de los gastos y la obtención del resultado presupuestario y el remanente de tesorería, magnitudes imprescindibles para conocer el balance de la ejecución y realización del presupuesto, así como la situación económico-financiera de esta universidad.

En este caso, su presupuesto definitivo ascendió a 143 millones de euros, lo que supuso una disminución de un 2% con respecto al ejercicio anterior, y la partida de ingresos alcanzó un grado de ejecución de 92,5%, mientras que el de gastos, un 94,1%.

Respecto al informe de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) relativo al ejercicio de 2016, la dotación estatal ascendió a 46,8 millones de euros.