Se había anunciado para finales de 2017, pero, ya entrados en febrero y aunque la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó la adenda al actual convenio de Carreteras, aún no se ha firmado el nuevo acuerdo en esta materia y todo apunta a que la espera puede prolongarse. Y eso que, al menos desde la perspectiva del Gobierno regional, nada frena ya esa rúbrica. Sin embargo, y según fuentes del Ejecutivo central y del PP canario, la situación no está tan clara, aún quedan cuestiones "que negociar" y "flecos por cerrar", lo que se complica con la reciente sentencia del Supremo que obliga al Estado a abonar los 138 millones no aportados del vigente convenio tras aplicarse los ya célebres recortes.

Dichas fuentes del PP, tanto en el Ejecutivo central como en la dirección regional de la formación, sostienen que aún no está totalmente claro el listado de obras a incluir, su detalle y cómo resolver algunos flecos. Además, el fallo puede complicar aún más el acuerdo final, siempre según estas fuentes. Eso sí, y como subrayan desde el Gobierno canario, tanto este convenio de Carreteras como el previsto para los proyectos y obras hidrológicos tienen claro que no se vincularán a si hay o no nuevo presupuesto para 2018 o si se tiene que prorrogar durante mucho tiempo el del ejercicio pasado.

Desde el PP regional, se lamenta que se diera por hecha la firma del convenio desde hace muchos meses por parte del Gobierno autonómico, cuando, según se les ha trasladado desde el Ministerio, aún quedan muchas cuestiones a perfilar y cerrar.

La visión es diametralmente distinta desde el Gobierno de la Comunidad. Fuentes de Vicepresidencia y, por ende, de la Consejería de Obras y Carreteras sostienen que el listado de trabajos, proyectos y sus prioridades están cerrados desde hace meses, tras las negociaciones desarrolladas con los siete cabildos. Asimismo, creen muy importante que el Gobierno del PP reconozca que estos convenios no se vincularán a si hay o no nuevo presupuesto, que es, además, lo que deja claro la reciente sentencia, que considera que un acuerdo así no puede ser incumplido por una parte sin consenso previo.

En la consejería tampoco comprenden que el fallo del Tribunal Supremo pueda complicar la situación. Asimismo, se subraya que, en la adenda respaldada la semana pasada por los ministros, se incluye que las obras ya iniciadas, que afectan a 8 proyectos claves, puedan seguir desarrollándose aunque el presupuesto esté prorrogado, mientras se negocia el nuevo convenio desde el ya pasado mes de enero. Para la consejería, todo está listo para, si se quiere, firmar el convenio hoy mismo, por lo que no entienden las nuevas dudas en el Gobierno central y el PP.

Aparte de los 138 millones del año 2012, otras sentencias que se esperan en poco pueden deparar otros 323 millones para las arcas regionales por los años 2013 y 2014, si bien el Gobierno canario no recurrió los recortes de 2015 y 2016, que habrían supuesto 240 millones más.