El Parlamento de Canarias aprobó ayer, por unanimidad, la toma en consideración de una ley de memoria histórica de las Islas que pretende llenar los huecos dejados por la de Zapatero de 2007, norma estatal que los ejecutivos de Rajoy ningunearon sin 1 euro desde 2011, "su única promesa cumplida", según ironizó Manuel Marrero (Podemos). La decidida postura del PP canario a favor del texto le fue reconocida ayer por todos, pero especialmente por el PSOE, en una clara prueba más de la autonomía de los populares isleños respecto a Génova, ahora de nuevo en duda.

Todos coincidieron en la relevancia de que esta ley saliera por consenso total. Para ello, y desde hace muchos meses, participaron en una comisión en la que ha tenido un papel clave el exdiputado del PP Emilio Moreno, actual viceconsejero de Justicia, quien, pese a que siempre se le ha relacionado con la visión y versión más conservadora de los populares, no ha dudado en impulsar esta norma.

La nueva ley se marca un objetivo fundamental: sin entrar en más consideraciones contextuales, aunque en el pleno sí se hicieron, se quiere solventar el olvido que sufrieron los represaliados de la dictadura franquista que, por coyuntura o supuesto pragmatismo conciliador, que otros conciben simplemente como cobardía, se vieron arrinconados en la Transición y en las décadas siguientes.

La ley de Zapatero intentó paliar esto, pero, según comparten todas las fuerzas regionales, ha sido insuficiente, sobre todo por la actitud de desidia de Rajoy y sus gobiernos. De ahí que el texto canario, como el andaluz, el balear y de otras regiones, trate ahora de obtener mejores resultados en la búsqueda de los enterrados en fosas comunes o cunetas (el segundo país del mundo con más desaparecidos tras Camboya, con más de 100.000). Asimismo, se apoyará a asociaciones como Sin Identidad para hallar a los bebés robados por los acólitos de la dictadura franquista, aparte de crearse un banco de ADN y un registro continuo sobre represaliados y sus familias.

Aunque la norma podrá enriquecerse ahora con aportaciones particulares, Marrero, visiblemente emocionado y casi orgulloso pese a su habitual escepticismo sobre la política actual, se mostró convencido de que será "la mejor ley de memoria del país". Para ello, eso sí, el PSOE intentará que se cumpla de verdad la eliminación de simbología reaccionaria y los nombres de calles franquistas, según María Victoria Hernández, que no entiende por qué hay ayuntamientos que se oponen a esto, "salvo que lo hagan por maldad".

Estos dos diputados, así como Jesús Ramos (ASG), Esther González (NC) y Guadalupe G. Taño (CC) hablaron desde el corazón y la experiencia de pertenecer a familias de víctimas, sin que la intervención de Miguel Jorge (PP) desentonara; al contrario. Y de ahí la gran ovación final en la Cámara.