Los trámites para autorizar los vertidos al mar son "muy complejos", por eso, la Consejería de Política Territorial está pendiente de la aprobación de un decreto para simplificar la burocracia del proceso. Mientras, la consejería está ofreciendo sus recursos a ayuntamientos y cabildos insulares con el fin de agilizar el proceso y hacerles la tramitación "lo menos latosa posible", según afirmó Nieves Lady Barreto, consejera del área, durante una comisión parlamentaria celebrada ayer.
Esta necesidad es palpable a la vista de los datos recogidos en el informe "Actualización del censo de vertidos desde tierra al mar del año 2017". La consejería ha encontrado hasta el momento 394 vertidos en toda Canarias y solo el 29% de ellos están autorizados, mientras que 278 no lo están.
Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife hay 65 puntos autorizados y 139 no autorizados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria hay 51 autorizados y 138 no autorizados, con lo que "se dividen casi al 50% entre ambas, siendo la mayoría aguas de residuales urbanas", señaló Barreto.
El censo se ha concebido como un documento "dinámico", por lo que los datos han ido variando desde aquellos que se presentaron el pasado mes de noviembre de 2017. La diferencia con los datos proporcionados entonces es de 39 nuevos vertidos, de los que 33 no tienen autorización. Asimismo, en su mayoría, estos nuevos vertidos se han censado en la isla de Tenerife, que ha pasado de tener 89 a 113 vertidos no autorizados.
Barreto coincidió con la reflexión de todos los grupos parlamentarios al admitir que la situación de los vertidos es un problema que hay que solucionar. "Es complejo y no le gusta a nadie, pero es la realidad que tenemos y, si no lo ponemos sobre la mesa, difícilmente lo vamos a solucionar", insistió Barreto, quien recordó: "Tenemos que ser realistas y saber que esto no lo vamos a resolver mañana". La consejera emplazó a todos lo partidos a intentar solucionar el problema "de la mano".