La nueva Ley de Servicios Sociales, que hace apenas unos días fue debatida en primera lectura por los diputados canarios, prevé "agilizar" el procedimiento sancionador a centros de mayores. Este cambio normativo, unido al incremento de dos inspectores específicos para el área este año, contribuirán a actuar con más rapidez en casos de incumplimiento, especialmente en los graves, y mejorar la supervisión de estas infraestructuras.

El viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, considera, no obstante, que el aumento de las plantillas debe ser progresivo durante lo que queda de legislatura, pero también los años sucesivos, para prestar atención a todas las residencias de las Islas, más aún teniendo en cuenta el incremento de plazas que se originará por el envejecimiento de la población.

Además de los dos inspectores que la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda prevé incorporar en la primera mitad del año, el departamento de Candil también ha sumado a su equipo a un interventor.

Esta figura -precisa Candil- es fundamental para que "los expedientes abiertos lleguen a buen puerto", ya que han detectado que, con anterioridad, muchos expedientes caducaban. En la actualidad hay cuatro inspectores -tres en Gran Canaria y uno en Tenerife-. La plantilla llegará a seis cuando se hagan efectivas las dos nuevas contrataciones.

El año pasado se efectuaron 40 inspecciones en distintos centros del Archipiélago y se abrieron cuatro expedientes. La balanza se decantó hacia Tenerife, donde se llevaron a cabo más actuaciones, pero porque "la plantilla va por todas las islas, con independencia de la sede de trabajo", especifica.

"Nuestra intención no es cerrar centros, pero sí garantizar que se cumple la ley y que a nuestros mayores se trata adecuadamente", subrayó. Los inspectores tienen deben asesorar a los centros en el cumplimiento de determinadas medidas, de cara a que los centros "se pongan las pilas".

Su departamento ha firmado distintos convenios con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Inspección de Trabajo, la Fiscalía o el Servicio Canario de Salud. El objetivo de estos acuerdos es que agentes o hasta médicos alerten de irregularidades. El servicio de la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda da prioridad a estas denuncias.

Candil considera que el trabajo ya está dando resultados. "Un centro de Gran Canaria nos acaba de comunicar que cierra porque no puede adaptarse a la normativa". Antes, a su juicio, había una sensación de impunidad, que es lo que se está revirtiendo.

Medidas cautelares

El régimen sancionador incluido en el borrador de la ley establece que "pueden adoptarse medidas provisionales para evitar el mantenimiento de los daños" que pueden llegar "hasta el cierre temporal del centro o cuando lo requiera la salud e integridad física de las personas o cualquier otra razón de sanidad, higiene o seguridad que se aprecie por el personal inspector". Además, "la duración de las medidas será fijada en cada caso aunque "no excederá de la que exija la superación del riesgo de la salud e integridad de las personas".