Canarias
TRIBUNALES / CORRUPCIÓN

El juicio del caso Unión se pospone de mayo a septiembre

Las Palmas de Gran Canaria, EFE
19/feb/18 13:54 PM
eldia.es

Las Palmas de Gran Canaria, EFE La Audiencia de Las Palmas ha trasladado de mayo a septiembre el juicio de la pieza principal del caso Unión, una de las causas de corrupción más importantes de los últimos años en Canarias, en la que se acusa al expresidente insular de Lanzarote Dimas Martín de desviar dinero público en su propio beneficio.

Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, problemas de agendas de los letrados han motivado que se posponga el juicio, que arrancará el 4 de septiembre en Arrecife, donde se celebrarán otras siete sesiones los días 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14.

Posteriormente, el juicio continuará en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebrarán cuatro sesiones también en septiembre, los días 18, 19, 20, 21, y otras cuatro en octubre, los días 8, 9, 10 y 11.

En total, trece personas se sentarán en el banquillo en esta causa de presunto desvío de fondos del Ayuntamiento de Arrecife hacia las cuentas particulares de Dimas Martín o las de su formación política, el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).

Además, las partes escucharán la declaración de 66 testigos y podrán interrogar a 27 agentes de la Guardia Civil, el cuerpo que llevó el peso principal de las investigaciones del "caso Unión", en las diferentes piezas en las que fue desgajado por los tribunales.

La juez que se encargó de investigar el sumario principal, la que ahora llega a la Audiencia, estableció en el auto final de la instrucción que existen indicios de que Dimas Martín, ya condenado en varias causas por corrupción, dirigía desde la cárcel una trama para desviar en beneficio propio y de su partido dinero del Ayuntamiento de Arrecife, exigiendo comisiones de hasta el 20 %.

La instructora encontró pruebas suficientes para juzgar a Martín por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental, por haber montado mientras cumplía condena en prisión por otros delitos de corrupción una "trama clientelar" que permitió al PIL "nutrirse" irregularmente de comisiones y sobornos desde 2007 a 2009, gracias a sus cargos de gobierno en el Ayuntamiento de Arrecife.

La Fiscalía Anticorrupción reclama que el expresidente del Cabildo de Lanzarote sea condenado por esos hechos a 17 años y medio de cárcel y al pago de una multa de 409.000 euros.

Entre los procesados, figuran cargos públicos u orgánicos del PIL (como los concejales de Urbanismo y Hacienda de la ciudad en aquellos años o el tesorero del partido) y empleados del Ayuntamiento (el interventor y la jefa de contratación, hija del propio Martín), pero también empresarios de la isla.

La magistrada Silvia Muñoz defendía en su auto que la trama funcionaba de una forma "fuertemente jerarquizada" en torno a Dimas Martín, al que la mayoría de los acusados consideraban, "sin excepción, que le debían su puesto político o cargo público".

Desde la cárcel de Tahíche, el fundador del PIL se las ingenió, con la ayuda de su hija, María Elena Martín, para controlar las adjudicaciones y pagos que realizaba el Ayuntamiento de Arrecife.

De acuerdo con la información reunida en la instrucción, los partícipes de esta trama de financiación ilegal del PIL llamaban a las empresas con las que el Consistorio de la capital lanzaroteña tenía deudas para exigirles una comisión a cambio de abonarlas.

Lo mismo hacían con empresas que se presentaban a las distintas licitaciones de contratos y servicios que realizaba el Ayuntamiento.

En concreto, según la juez, Dimas Martín y sus colaboradores exigían a cambio de mediación sobornos de entre el 8 y el 20 % del importe de la deuda a cobrar o del valor del contrato a adjudicar.

Para ello, eludían "intencionadamente" los procedimientos establecidos por las leyes sobre contratación, "eliminando o desvirtuando aquellos trámites preceptivos que garantizan, entre otros, la fiscalización del pago, la transparencia o la libre concurrencia de empresarios para optar por la oferta más beneficiosa para las arcas públicas".

Esas comisiones nutrían "un 'presupuesto paralelo' o 'caja B' del Ayuntamiento de Arrecife", un dinero que luego se desviaba al PIL.

La juez cita entre los protagonistas principales de esa trama, subordinados todos ellos a Dimas Martín, a Ubaldo Becerra, concejal de Urbanismo; José Miguel Rodríguez, concejal de Hacienda; Elena Martín, hija del fundador del PIL; Juan Rafael Arrocha, jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento; Carlos Sáenz Medero, interventor del Consistorio; y Matías Curbelo, tesorero del partido y "recaudador de las comisiones exigidas" por los imputados.

También se acusa al empresario Juan Francisco Rosa -que tiene pendiente otro procedimiento en el que se expone a penas de cárcel por construir las bodegas Stratvs en un paraje protegido- de facilitar a Dimas Martín un contrato de trabajo ficticio que le permitió salir de prisión, al obtener el tercer grado.

La Fiscalía propone que los cargos políticos y funcionarios procesados en esta trama sean condenados a penas que oscilan entre los dos años de cárcel -la más benévola- y los 17 años -la más grave, para Dimas Martín- y que los empresarios que colaboraron con ellos reciban sentencias de uno a cinco años de reclusión.

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