El viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil, ha advertido hoy de que la gestión del bono social para la electricidad estaba perfectamente regulada en Canarias "y ahora el Estado ha generado confusión" con una nueva regulación en este ámbito.
Francisco Candil alude de esta manera en un comunicado a la reunión celebrada ayer en Madrid por la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales, en la este órgano expresó "su absoluta preocupación y discrepancia" por la entrada en vigor del Real-Decreto que regula el nuevo bono social eléctrico.
En la reunión las comunidades autónomas mostraron su oposición a la nueva regulación y Candil recuerda que la tramitación de esta ayuda en la factura de la luz ya estaba perfectamente regulada en Canarias a través de los ayuntamientos, con financiación del Gobierno canario.
Las discrepancias surgen porque el Estado "ha invadido las competencias de los Gobiernos autónomos y de los municipios en esta materia", asevera el viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda.
Por este motivo, la Comisión acordó solicitar de forma urgente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital una reunión a la mayor brevedad posible con objeto de dar respuesta a diversas cuestiones derivadas de la mencionada normativa.
Entre ellas, la necesidad de establecer un protocolo que contemple de manera acordada con las comunidades autónomas la gestión de los listados de impagos de consumidores vulnerables severos, dando seguridad jurídica tanto en la cesión de datos como en su responsabilidad ante situaciones de cortes de suministro.
Además, la Comisión pide contemplar los necesarios cambios reglamentarios que salvaguarden las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales, así como establecer un estudio de impacto presupuestario en sus arcas públicas y buscr fórmulas para su financiación.
"Las comunidades autónomas no saben a fecha de hoy cuál es el coste económico de esta medida ni las empresas eléctricas han facilitado, hasta el momento, esta información con lo cual la aplicación de esta medida se realiza en un contexto de absoluto oscurantismo", señala Candil.
Agrega que el Gobierno de Canarias espera que en la próxima reunión entre los ministerios de Industria y de Políticas Sociales se clarifique definitivamente la puesta en marcha de esta normativa.
Añade que el Ejecutivo regional trabaja desde hace meses en un protocolo que defina exactamente cómo establecer la aplicación de la nueva normativa.
Para ello, ha creado una comisión con participación de las consejerías Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de Economía; Industria, Comercio y Conocimiento; así como del comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza y de la Federación de Municipios Canarios.
El bono social es un descuento en la factura de la luz, que se encuentra regulado por el Gobierno estatal y pretende proteger a los hogares considerados vulnerables.
Con la entrada en vigor en octubre de 2017 de un nuevo Real Decreto han cambiado los requisitos para tener derecho al bono social y se ha incorporado una nueva categoría en el colectivo de suministros de energía eléctrica que tienen carácter de esenciales.