En la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003 se planteó a nivel nacional la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que consiste en reorganizar el trabajo técnico en los juzgados para intentar agilizar su funcionamiento, con el establecimiento de algunos servicios comunes para varios órganos. Casi 15 años después, ese modelo solamente se ha establecido en algunas comunidades autónomas con las competencias transferidas y en diversos partidos en aquellas regiones donde la Administración de Justicia depende del Gobierno del Estado.

El delegado de UGT en el ámbito de la Justicia, José Gregorio Pérez Sosa, manifiesta que Canarias es de las autonomías que "más atrasadas" están en el camino para poner en marcha tal sistema.

Pérez Sosa señala que "tenemos mejoras tecnológicas, pero la forma de trabajar en los juzgados sigue siendo la misma". Opina que tales recursos materiales deberían conciliarse con la organización de la nueva oficina judicial".

Comenta el portavoz de UGT que, por ahora, se ha avanzado solamente en el borrador de diseño de la Oficina Fiscal de Las Palmas.

El otro proyecto, que corresponde al partido judicial de San Cristóbal de La Laguna, "está totalmente parado", según apunta Gregorio Pérez Sosa.

Para este sindicalista, la Nueva Oficina Judicial permitirá hacer más eficiente y homogénea la forma de trabajar de los juzgados, puesto que ahora cada órgano judicial tiene su manera concreta de funcionar.

Por ejemplo, la existencia de unos servicios comunes generales, según Pérez Sosa, "supondrá que los procesos en distintos juzgados de los diferentes órganos jurisdiccionales sean más ágiles y eficientes".

"Nosotros llevamos reivindicando la implantación de ese modelo desde hace "doce años", recuerda.

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario, Cesáreo Rodríguez, aclara que "no tenemos nada" sobre ese sistema. Sin embargo, rechaza que el Archipiélago sea la comunidad más atrasada del país en esta materia, ya que existen otras muchas regiones que están al mismo nivel de implantación que las islas.

El portavoz de UGT y el director general coinciden en que, actualmente, el País Vasco es el territorio donde más consolidado está ese nuevo modelo de funcionamiento.

Reconoce que también se avanza en su establecimiento en Cataluña y hay una decena de proyectos en diferentes comunidades donde las competencias corresponden al Ministerio de Justicia, entre las que se hallan Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Baleares o Extremadura.

Pero señala que existen otras muchas, como Andalucía, Navarra, La Rioja, Asturias, Cantabria o Madrid, donde no se ha hecho avance alguno.

En el caso de Canarias, Cesáreo Rodríguez comenta que ahora se trabaja en los borradores para el diseño de la Nueva Oficina Fiscal de Las Palmas, que está previsto que esté terminado durante el presente año.

Pero, paralelamente, reconoce que es un proceso complejo, donde habrá que proceder a cambiar a empleados públicos de sus actuales puestos a las nuevas oficinas, así como adaptar las tecnologías.

No obstante, valora dicha transformación como necesaria, pues supondrá un "cambio radical" en el funcionamiento de los juzgados.

Nuevos juzgados, que son insuficientes

El portavoz de la Unión General de Trabajadores (UGT), José Gregorio Pérez Sosa, manifiesta que sobre las previsiones de la Administración de Justicia para el presente ejercicio "no somos muy optimistas". Aclara que, pese a la reciente apertura de un nuevo Juzgado de lo Social, el número 8, en Santa Cruz de Tenerife; otro de Vigilancia Penitenciaria en Las Palmas y un tercero en el mes de septiembre (el Juzgado de lo Penal número 9), también en la capital tinerfeña, siguen siendo insuficientes los órganos ante la demanda existente. En ese sentido, el representante de UGT recuerda que dichos juzgados son los primeros que se abren en la Comunidad durante los últimos años. Rodríguez comenta que, además de los mencionados, también se pondrá en marcha un órgano más de lo Social en Fuerteventura.