El Tribunal Supremo (TS) ha elevado a 290 millones de euros la cantidad que el Ministerio de Fomento debe a Canarias por los recortes que realizó durante la crisis en su convenio de carreteras, en una sentencia que suma los incumplimientos de 2013 a los ya reconocidos de 2012.
El Gobierno de Canarias mantiene vivos varios recursos contra los recortes que el Estado impuso de manera unilateral a partir de 2012 a las inversiones en carreteras que se había comprometido a realizar en el archipiélago, que privaron a la comunidad autónoma de fondos que esta cifra en cerca de 700 millones, sumando todo el período.
De hecho, en la sentencia conocida hoy, el Supremo ya adelanta que podría aplicar el mismo criterio a todas las reclamaciones del archipiélago en este litigio sobre el convenio de carreteras (con vigencia hasta 2017), ya que textualmente declara "la obligación de la Administración del Estado de transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias las cantidades comprometidas en el citado convenio para la anualidad de 2013 y sucesivas", con intereses legales.
A principios de año, el Supremo ya falló que el Estado había incumplido de manera injustificada y sin seguir los procedimientos legales el convenio plurianual con la comunidad autónoma que le obligaba a invertir en obras viarias en Canarias 207 millones de euros en ese ejercicio, ya que sólo desembolsó 68,54 millones.
La sentencia reconoció, de hecho, la existencia de una deuda del Estado con Canarias por la diferencia: 138 millones de euros.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha dictado ahora una segunda sentencia, basada en los mismos argumentos, que resuelve la reclamación correspondiente a 2013, reconociendo a favor de Canarias una deuda en ese ejercicio de 152,81 millones de euros, ya que el Estado solo invirtió ese año en sus carreteras 54,19 de los 207 millones pactados.