Una nueva sentencia ha refrendado las aspiraciones del Gobierno canario de recibir las cantidades que el Estado comprometió en el convenio de carreteras con la Comunidad Autónoma y que no se llegaron a pagar. El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que el Ejecutivo central debe abonar a Canarias 152,81 millones de euros, correspondientes a la anualidad de 2013 del acuerdo, que no transfirió en su momento como consecuencia de los recortes.

El fallo judicial se suma al relativo al año 2012, que obliga al Estado a abonar 138 millones de euros, de manera que el montante conjunto de ambas anualidades supera los 290 millones. La decisión del alto tribunal no se limita a estos dos ejercicios, sino que extiende sus efectos a las anualidades "sucesivas", con lo que, según los cálculos del Gobierno regional, la deuda total ascendería a más de 700 millones de euros.

De esta forma, el TS acepta los recursos interpuestos por la Administración autonómica a sendas sentencias de la Audiencia Nacional que desestimaban sus reclamaciones tras el recorte introducido por el Estado en el acuerdo de carreteras. En su fallo, el Supremo declara la "obligación de la Administración del Estado de transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias las cantidades comprometidas en el citado convenio para la anualidad de 2013 y sucesivas, incrementadas en los intereses legales correspondientes desde la fecha en la que la transferencia hubo de ser efectiva".

La sentencia asume el argumento planteado por el Gobierno canario de que las obras incluidas en el convenio no consisten en una "iniciativa unilateral" del Ejecutivo central, sino que derivan de un "negocio jurídico bilateral, en el cual la aportación financiera a cargo del Ministerio de Fomento viene impuesta por ley y se debía corresponder con el coste real de las actuaciones programadas".

La conclusión del Supremo es que, con la firma del convenio, la Administración del Estado contrajo la obligación de financiar las actuaciones -infraestructuras de interés general- contempladas en el documento, mientras que el Gobierno autonómico, por su parte, "únicamente" está obligado a "efectuar las expropiaciones, ejecutar la obra y asumir su sobrecoste, en la cantidad que exceda de las partidas comprometidas para cada ejercicio presupuestario".

Pese las obligaciones que el acuerdo imponía al Estado, en 2013 solo transfirió a Canarias 54,91 millones de los 207 comprometidos, en tanto que en 2012 pagó 68,54 millones cuando debía haber abonado también 207.

"Se cierra un capítulo, y ahora habrá que negociar cómo se ejecuta", afirmó ayer -en declaraciones recogidas por Efe- el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, quien anunció que el Gobierno pedirá una reunión al Estado para ver cómo se abonan los fondos atrasados y firmar un nuevo convenio de carreteras.