La situación del alquiler vacacional en Canarias no cambió de forma sustancial en 2017: la cuota de mercado apenas subió, la gran mayoría de las viviendas no están registradas y la actividad presenta una "importante concentración" en una minoría de propietarios y gestores. El Gobierno regional presentó ayer -con un notable adelanto en relación a otros años- su informe anual sobre el alquiler turístico en el Archipiélago, del que se desprende que 3.165 explotadores y propietarios -el 40% de los que anuncian sus viviendas en las plataformas- gestionan la gran mayoría de los inmuebles -26.940, el 85% del total-, mientras que el 60% restante -4.735- posee menos del 15% de las casas.
En términos de plazas, y no de viviendas, los resultados son similares: menos de la mitad de los explotadores comercializan el 83% de las camas, y únicamente el 14% de estas es gestionado por un único comercializador.
"El debate sobre si el alquiler vacacional es economía colaborativa o no está bastante resuelto. Se trata de una actividad económica como cualquier otra", afirmó el consejero de Turismo, Isaac Castellano, quien incidió en que la actividad se caracteriza por una concentración "importante" en "pocos propietarios".
La proporción de turistas que optan por alojarse en viviendas vacacionales aumentó ligeramente en 2017, cuando pasó del 8,6% al 9,2%. De los cerca de 16 millones de clientes que visitaron las Islas, 1,4 millones recurrieron a esta modalidad. El peso de los hoteles y apartamentos ronda el 80% y ha experimentado escasas variaciones en los últimos años. Los datos son coherentes con el hecho de que, como señaló Luis Falcón -CEO de InAtlas, la empresa que ha realizado el estudio-, Canarias es el destino de sol y playa español "con menos vivienda vacacional". Castellano coincidió en que el crecimiento de esta modalidad es "moderado" y en que su incidencia es menor que en otros territorios.
Las nueve plataformas digitales analizadas en el informe -encabezadas por Airbnb- ofrecían en diciembre de 2017 un total de 31.675 viviendas turísticas, casi un 6% más que un año antes, mientras que la cifra de camas ascendía a 131.032, lo que supone un incremento del 1%. La desproporción entre el aumento experimentado por el volumen de inmuebles en alquiler y el de plazas responde a que la oferta ha crecido sobre todo en destinos urbanos, donde las viviendas suelen ser de menores dimensiones. El alquiler de habitaciones representa solo el 5% del total -6.639 camas- y se ha elevado "un poco", precisamente por el alza que presenta la oferta de las ciudades.
Otro aspecto que tampoco ha cambiado demasiado es la cifra de viviendas legalizadas. Solo el 14% de las plazas -18.440 de las más de 131.000 publicitadas en plataformas- han sido registradas ante las administraciones. El consejero de Turismo expresó su "preocupación" y anunció que el futuro decreto establecerá la obligación de que las plataformas muestren el número de registro de la vivienda que ofertan. En caso de que no sea así, dichos inmuebles deberán ser retirados. El Ejecutivo también ha analizado junto a los cabildos la necesidad de aplicar un procedimiento telemático con el fin de "facilitar" el registro.
Con todo, hay un gran volumen de las plazas que no son legalizables, al menos con el actual decreto, pues se encuentran en suelo turístico, donde la norma prohíbe esta actividad. Son unas 61.000 plazas, el 45% del total, cuatro puntos porcentuales por debajo del dato de 2016.
Como en anteriores ediciones, el informe mide el impacto económico de esta modalidad vacacional que, únicamente en lo relativo al alquiler de las viviendas, aportó 720,8 millones de euros en gasto el pasado año.
La ausencia de "variaciones importantes" en el alquiler vacacional durante los últimos años no condicionarán la posición del Gobierno sobre la modificación del decreto, actualmente en proceso, advirtió Castellano. En un comunicado, el consejero sostuvo que los datos demuestran que los turistas "avalan el modelo turístico establecido hasta ahora".
Los administradores de fincas, "ninguneados"
El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la provincia denunció ayer que ha sido "ninguneado" por el Gobierno de Canarias en el proceso de elaboración de una nueva regulación para el alquiler vacacional. "Este colegio profesional no ha sido convocado a ninguna reunión informativa por parte del Ejecutivo canario, a pesar de que la Consejería de Turismo es conocedora de que este es un colectivo especialmente interesado en la actividad y de que ha hecho propuestas concretas, tanto en la vertiente como gestores de las comunidades (donde se desarrolla el alquiler vacacional) como por haber colegiados que se dedican profesionalmente a esta modalidad", expuso la entidad a través de un comunicado. Según los datos del colectivo, alrededor del 65% de los edificios residenciales -en los que se ubican las viviendas vacacionales- son gestionados por los administradores de fincas. "Seguimos reclamando seguridad jurídica para todos los agentes implicados en el alquiler vacacional -clientes, propietarios y profesionales- y en toda la Comunidad Autónoma", apuntan los colegiados.