La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha afirmado que la aplicación en las islas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público facilitará la participación de más de 141.000 pymes canarias en los procesos de licitación pública, según ha explicado este jueves durante una comparecencia parlamentaria.
"Gracias a la trasposición en Canarias de la normativa estatal, el 99% de las entidades que forman nuestro tejido empresarial tendrán ahora mucho más fácil el acceso a un contrato con una administración pública para prestar sus productos o servicios", dijo tras recordar que entrará en vigor el próximo 9 de marzo.
En este sentido, la nueva ley incluye varias medidas para facilitar esta participación. En primer lugar, servirá para simplificar los trámites y reducir la burocracia a la que tienen que enfrentarse los licitadores. Rosa Dávila aseguró que "todo el proceso de contratación, desde que se abre procedimiento hasta que se adjudica, será más sencillo",
Además, se establece la obligación de segmentar los contratos en lotes para que puedan acceder más pymes al contrato e, incluso, se exigirá que si no se divide el contrato en lotes, el órgano contratante deberá justificarlo debidamente.
NUEVOS CRITERIO DE SOLVENCIA
Por su parte, la ley también incluye una medida novedosa, un nuevo criterio de solvencia. En concreto, la empresa adjudicataria tendrá que justificar que cumple con los plazos establecidos del pago a proveedores. Así se contribuye a que las pymes con las que subcontrate el adjudicatario cobren sus servicios en plazo.
Otra de las medidas pensadas para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los proceso de contratación pública es que, en el caso de que el contrato tenga un valor estimado inferior a 500.000 euros, las empresas de nueva creación, es decir, las que tengan una antigüedad inferior a cinco años, no tendrán que acreditar trabajos anteriores con la administración para poder acceder a los contratos, lo cual facilita su acceso a las licitaciones públicas.
Finalmente, durante los meses previos a la entrada en vigor de la ley, el Gobierno de Canarias ha formado a más de 200 empleados de distintas administraciones públicas de la Comunidad Autónoma para garantizar la correcta aplicación de la nueva norma.