La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias no rebajará el horario lectivo de los docentes hasta que no exista una regulación estatal que dé cobertura jurídica a la modificación. En 2012, cuando se aprobó el decreto de medidas urgentes para la racionalización del gasto público, se incrementó a 20 horas la jornada semanal del profesorado que impartía enseñanzas de Secundaria, Régimen Especial y de Educación de Adultos.

La consejera del área, Soledad Monzón, explicó a este periódico que hasta que no se modifique esa normativa estatal "no se pueden cambiar" las condiciones laborales del profesorado.

No obstante, Monzón quiere que ese cambio se produzca. "La mayoría de las comunidades entendemos que debería volverse al momento anterior a aquel en que se produjo ese decreto, ya que estamos saliendo de la crisis. Pero eso tiene que ir acompañado de un incremento de recursos. Si el Estado recupera los convenios y programas de cooperación territorial, y vuelve a financiar muchos de los programas que financian ahora las comunidades autónomas, será posible volver a la situación anterior. Desde 2012, hemos perdido alrededor de 600 millones en los presupuestos para educación en Canarias. Las 18 horas produjeron un descenso de profesores; si las ponemos otra vez, mejoraría la plantilla".

Hace apenas unos meses, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el decreto-ley aprobado por la Junta de Andalucía para modificar el horario, al entender que la regulación de la jornada laboral es una competencia estatal. A su juicio, la norma andaluza es incompatible con la estatal.

Esta es una de las razones por las que la Consejería canaria considera oportuno que sea el Estado quien establezca el marco jurídico que avale la modificación.

Andalucía no es la única comunidad autónoma que ha intentado reducir la carga horaria de los docentes. Los sindicatos llevan mucho tiempo manifestando su malestar por el incremento de la jornada lectiva. No se trata de que los docentes pidan estar menos en los centros educativos, sino que tengan más horas para realizar tareas que van más allá de la docencia y que tienen un efecto claro en los centros educativos. El aumento de las horas lectivas ha supuesto que dispongan de menos tiempo para llevar a cabo proyectos de centro, mientras que cada vez tienen que dedicar más esfuerzos a cumplimentar tareas burocráticas.

El profesorado sostiene, asimismo, que esa ampliación horaria ha tenido efectos sobre las plantillas, que han sufrido recortes desde que comenzó la crisis.

Algunos sindicatos, como el STEC, han combatido esta normativa desde que se puso en marcha. Hace meses, esta organización presentó en el registro de la administración más de 5.000 de firmas de docentes exigiendo que Canarias modifique el horario.

Además, en febrero los sindicalistas precintaron las sedes de la Consejería de Educación en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife para protestar por el "empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado" y "la falta de voluntad negociadora del departamento educativo". En esas quejas se encontraba el mantenimiento del horario lectivo.