El virtual Diputado del Común, Rafael Yanes (su elección solo depende ya del Parlamento canario y no se prevén sorpresas, dado el sólido acuerdo entre CC, PSOE, PP y ASG), anunció la semana pasada que, aparte de la violencia de género y la lucha contra la brecha salarial que perjudica a las mujeres, otro de los objetivos prioritarios de su mandato serán los presos canarios en cárceles de otros países. Unos encarcelados que, en estos momentos, se cifran en 31, aunque el número total puede elevarse a medio centenar porque hay un porcentaje que nunca desvela su país de procedencia por diversas razones y temores.

Este asunto ya fue llevado en 2017 a la Cámara regional por el diputado socialista Gustavo Matos y, si bien siempre se escuchan voces que apuestan por dejar a esos encarcelados a su suerte por haber cometido delitos (en un 80% por ejercer de "mulas" para traficar con drogas), concita consenso entre todas las fuerzas parlamentarias para tratar de que sean repatriados y cumplan sus penas en centros penitenciarios de España, principalmente para minimizar las muchas posibilidades de que simplemente mueran.

Y es que los datos son más que preocupantes. Según Javier Casado, de la Fundación + 34, especializada en este ámbito y que maneja estas cifras, en los últimos 5 años han fallecido 80 españoles en cárceles de otros países. En su mayoría, por contagio de la tuberculosis por las pésimas condiciones de salud que presentan esos centros, sin saneamiento, con gran hacinamiento de presos y casi sin ventilación en los habitáculos.

Esta situación se da, sobre todo, en cárceles de Marruecos e Hispanoamérica (principalmente de Perú, Colombia, Panamá y Bolivia), pero también en países europeos, como Portugal, que fue denunciado recientemente por la UE. De hecho, Casado subraya que han tenido que llevar calzado y ropa a encarcelados en una nación limítrofe de España, por lo que tampoco hay que mirar muy lejos para tratar de que los consulados y embajadas se vuelquen en tratar de repatriar a estas personas.

Casado se alegra de que, por la mayor concienciación, presión política, mediática y social, cada vez se ha traído a un mayor número de presos, aunque se deben dar ciertos requisitos. Entre otros, y en virtud de un convenio que data de 1962 y que ha ido experimentado algunas variables, que se trate de delitos tipificados (y el tráfico de drogas lo suele ser), que las sentencias sean firmes y no quepan nuevos recursos.

El responsable de esta Fundación, recomienda a los familiares que no visiten a sus presos porque, así, e da a entender que disponen de dinero y, entonces, son extorsionados por otros encarcelados. Asimismo, aconseja no contratar a abogados de esos países porque se dan muchos timos y apuesta más por la presión de los gobiernos, que han ido haciendo cada vez más frecuentes (de seis meses a una vez al mes) las visitas a los afectados. No obstante, se trata de familias generalmente sin recursos y, de hecho, que el 80% se arriesguen al tráfico de drogas obedece precisamente a una perentoria necesidad económica que intentan solventar de esta arriesgada manera.

Según sus datos, de los 31 canarios ahora controlados en cárceles extranjeras, hay 4 en Portugal y la misma cifra en Reino Unido; también se tiene controlados a 3 en EEUU (que tiene un acuerdo bilateral), 3 en Colombia y el mismo número en Perú. La lista se completa con 2 en Brasil, otros 2 en Ecuador, Francia e Italia, así como 1 caso en Alemania, Venezuela, Suiza, República Checa, Suecia y Marruecos.

Respecto a la cifra global de España, esta entidad tiene registrados ahora a 1.102 encarcelados fuera, de los que unos 300 no declaran su origen, lo que hace que casado calcule ese medio centenar para Canarias. A su juicio, cualquier ayuda nueva o reforzada, como puede ser la del próximo Diputado del Común, será bienvenida porque, cuanto más presión haya de instituciones públicas, antes se convence a esos países de la necesidad de que sean repatriados ante los evidentes riesgos de que acaben falleciendo.

Eso sí, no todos lo hacen por cuestiones de salud y un caso sangrante, aunque se presentó como suicidio, fue el de Tania Rodríguez, joven de 25 años del municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana que, en realidad, fue violada hasta la muerte en un centro penitenciario de Perú, donde estuvo 4 años.

Casado subraya que nunca han pretendido que las penas no se cumplan ni que pongan en duda los procedimientos judiciales previos, por muchas irregularidades que puedan haberse dado. En lo que más insiste, y su experiencia en diversos países y muchas cárceles se lo refuerza, es en la necesidad de la repatriación y de que cumplan sus sentencias en cárceles españolas (a poder ser de sus regiones) porque, de lo contrario, corren un claro riesgo de morir por enfermedades erradicadas en España, en gran medida, tras el medievo, como es la tuberculosis. 31 canarios lo esperan.

Grancanario repatriado

Entre las historias de final, de momento, menos dramático, está la del hermanastro de Jénnifer Rodríguez. Ahora con 38 años, en febrero de 2016 este grancanario fue apresado en el aeropuerto de Lima (Perú) con 4 kilos (líquidos) de cocaína. Le convencieron en Barcelona unos colombianos que, si bien no en este caso (pues Jénnifer lo ignora), ofrecen hasta 13.000 euros por algo así. No tenía precedentes, pero le cayeron 6 años y 8 meses. Al ser Perú, donde la Fundación tiene sede y más voluntarios, su estancia fue más llevadera porque, al menos, sabían de él cada 2 semanas y podían llevarle medicinas, cepillos de dientes y adquirir ropa. No obstante, estuvo en la cárcel Sarita Colonia, para 500 presos pero con 3.000 y en la que piden a las familias 400 euros solo para que no duerman en el patio y 200 por colchón. Desde septiembre y por suerte (más bien, por la Fundación), se halla en Soto del Real (Madrid), donde en 1 mes y medio subió 8 kilos, aunque su familia lucha para que venga a su isla y se queja de que sean los canarios los que más tarden. Esta luchadora, que se movió ante Justicia y logró la PNL del PSC, resalta los riesgos por tuberculosis o Sida, con enfermos que no son ayudados. También avisa sobre "los timos de los abogados, que piden 2.000 euros de entrada", sobre la lenta burocracia y la corrupción.

Tinerfeño en Colombia

Gumersindo, vecino de la capital tinerfeña, tiene un hermano de 62 años en una cárcel de Colombia desde hace 2. En la Isla, se relacionó con una nigeriana con contactos en Valencia y Colombia. Desde Valencia, se fue a ese país e hizo de mula para traer 5 kilos de cocaína. Lo pillaron y le cayeron 5 años y medio, de los que parte cumplió en la cárcel Modelo (Bogotá), donde caben 1.800 reclusos y ha tenido 6.000, lo que ha originado célebres revueltas. Gumersindo confía en la Fundación para que venga, "al menos", a una cárcel española. Denuncia que, allá, "pagan por todo, por dormir o comer porque mandan los presos". Está muy molesto con el consulado y, eso sí, le alivia que no le pasara en "Brasil, Perú o Bolivia, pues ya habría muerto".