Canarias

El Aula de Psicomotricidad de la ULL anuncia su cierre definitivo

El servicio aún no ha recibido la partida prevista en el convenio firmado el año pasado La dirección abandona por la "mala gestión de la Universidad" y las trabas burocráticas.
S.E. (@sarayencinoso), S/C de Tfe.
11/mar/18 6:27 AM
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El Aula de Psicomotricidad de la ULL anuncia su cierre definitivo

El Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna (ULL) cerrará sus puertas definitivamente al finalizar este curso. La dirección de este servicio -que nació hace 27 años como un proyecto de investigación y desde entonces ha atendido a centenares de menores con discapacidad o dificultades de aprendizaje- anunció el viernes su decisión a las familias. La dirección explicó a este periódico que las razones para poner punto final a este "proyecto de vida" son "la mala gestión de la Universidad y las enormes trabas burocráticas" que deben sortear.

El Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna (ULL) nunca ha sido un servicio "oficial", pero ha cubierto el vacío asistencial que existe en Canarias en materia de atención temprana. Durante más de dos décadas, los investigadores de la ULL lo hicieron sin recibir ayuda económica, hasta que hace unos años, en 2015, familias y trabajadores empezaron a movilizarse para exigir a la Administración que se involucrara y pusiera en marcha un verdadero servicio público para atender a menores de 0 a 6 años con distintas patologías.

Lo que había empezado como un proyecto de investigación se había convertido en toda una prestación oficiosa y cada vez era más complicado ofrecer una respuesta eficaz a las demandas de las familias. Eso, y la certeza de que la atención era un derecho y debía estar garantizada en el catálogo público, motivaron las movilizaciones.

Esa lucha obtuvo dos resultados. Por un lado, se firmó un convenio entre la Consejería de Sanidad y la Universidad por el que la Administración financiaba con 100.000 euros el servicio, lo que daba cierta estabilidad, al menos durante un año. Por otro, se ponía en marcha una comisión interdisciplinar -en la que participaban técnicos de las consejerías de Sanidad, Educación y Políticas Sociales- para elaborar una estrategia de atención temprana.

Más de un año después, los padres y el servicio esperan por el dinero y por que alguien les detalle en qué ha trabajado esa comisión, que debía dibujar un mapa de recursos y trazar una hoja de ruta para crear una red de recursos en el Archipiélago. Además, el convenio tenía carácter retroactivo, es decir, debía servir, entre otras cosas, para que los padres recuperaran parte del dinero invertido en abonar el servicio.

Miguel Llorca, uno de los coordinadores que ha trabajado estos años en el Aula, explicó ayer a este periódico las enormes dificultades con las que se han encontrado para mantener el servicio abierto. La ausencia de compensación económica ha seguido afectando a los padres, que tienen que abonar el coste completo del tratamiento, pero también al personal. Si no tienes dinero, no puedes abonar salarios en tiempo y forma. "No nos duran los psicomotricistas", dice con tristeza Llorca.

La falta de personal ha hecho que este año atiendan a menos familias que antes -alrededor de 140 frente a 200 de otros años-, pero, también, que la lista de espera para evaluar a menores ronde los cuatro meses. "No somos un servicio oficial, pero los médicos siguen derivándonos a los menores".

Para Llorca dar este paso ha sido muy duro. "El Aula de Psicomotricidad ha sido todo un proyecto de vida, pero no podemos más". Explica que el equipo de la Universidad ha dedicado su tiempo a este servicio "sin recibir, a cambio, ni un descuento en la carga docente" y que "el pasotismo de todas las administraciones" en este asunto ha provocado que, finalmente, los investigadores hayan tomado la determinación de echar el cierre.

Llorca subraya, además, que su función es investigar y enseñar a los profesionales que, en teoría, deberían formar parte de la red de atención temprana de Canarias. "Con tanto trabajo, investigar es complicado". Ahora tienen en mente impulsar un grado en la ULL para formar a profesionales en atención temprana y psicomotricidad. "No olvidemos que el aula era un parche; en las Islas hay unos 9.000 menores que necesitan este servicio".

El Aula de Psicomotricidad es un servicio de la Facultad de Educación, coordinado por los profesores Miguel Llorca Llinares y Josefina Sánchez Rodríguez, del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa, y que cuenta con la participación de quince profesionales egresados de diferentes titulaciones (Pedagogía, Psicopedagogía, Magisterio, Psicología y Logopedia) con especialización en Psicomotricidad.

La psicomotricidad es una disciplina con más de un siglo de desarrollo. Surgió en 1905, cuando se puso de manifiesto que las alteraciones psíquicas vienen acompañadas de manifestaciones motrices y se empezó a hablar de la posibilidad de una interacción y una intervención integral.

Los padres de los menores que acuden al servicio de Psicomotricidad de la Universidad solicitarán formalmente mañana una reunión con la gerente y el rector de la Universidad de La Laguna para conocer "de verdad" qué ha ocurrido estos meses y "por qué no ha llegado el dinero".

Para las familias, la decisión anunciada el viernes es "durísima". Se sienten más desprotegidos que nunca y no entienden que después de más de dos años de lucha para conseguir financiación anual a través de la Consejería de Sanidad persista la inestabilidad económica y el servicio se vea abocado al cierre.

Los padres han denunciado en numerosas ocasiones que aunque desde el año 2000 existe un libro blanco de Atención Temprana, Canarias es la única comunidad que no tiene ni una ley al respecto o una red de centros públicos. Este déficit los llevó a movilizarse hace años a las puertas del Parlamento. Ahora advierten de que harán lo mismo frente al Rectorado si no les explican "por qué la Fundación de la Universidad no ha traspasado el dinero que dio Sanidad al servicio", advierte José Juan Gavilán, uno de los padres.

Llorca se queja del "pasotismo" y de que el Rectorado no haya cumplido con una propuesta de resolución aprobada por el Claustro, que instaba al centro a no quedarse con un porcentaje de la subvención que recibía de Sanidad, de manera que los padres tuvieran que compensar menos el servicio (siempre han tenido que pagar).

Las resoluciones del Claustro no son vinculantes, pero Llorca lamenta la falta de compromiso. Además, se queja de la poca implicación de todas las administraciones que otorgan becas a los alumnos con estas dificultades. "Exigen, por ejemplo, el certificado de discapacidad, cuando sabemos que tarda en emitirse muchísimo y que en los últimos años los tiempos no han mejorado".