Canarias
TELDE (GRAN CANARIA)

El fiscal del caso Faycán pide condenas acordes a la preocupación por la corrupción

Las Palmas de Gran Canaria, EFE
12/mar/18 16:45 PM
eldia.es
El fiscal del caso Faycan, Luis Del Río, durante la sesión final de este juicio que ha quedado ya visto para sentencia./Elvira Urquijo A. (EFE)

El fiscal del "caso Faycán" ha reclamado hoy una sentencia condenatoria para los siete de los 28 acusados que aún mantienen su inocencia en la trama de comisiones ilegales en Telde (Gran Canaria) que "de una debida respuesta" a "la preocupación del ciudadano" por la corrupción.

Las defensas de estos acusados, entre los que figuran los exalcaldes de la ciudad Francisco Valido y María del Carmen Castellano, ambos del PP, han pedido, en cambio, a la Audiencia de Las Palmas que cierre con la absolución de sus clientes una causa que consideran que fue construida en su día solo para "dañar al Partido Popular" y en la que perciben múltiples irregularidades.

El letrado que representa al PP como posible responsable civil subsidiario de los delitos, el senador autonómico Jorge Rodríguez, ha afirmado en este sentido que la Fiscalía Anticorrupción buscaba "causar daño" a su partido con la construcción de una trama de corrupción "escandalosa" que ha generado miles de titulares en los medios de comunicación desde que fue destapada, hace casi 13 años.

Rodríguez ha señalado que el Ministerio Fiscal montó de "manera tramposa" una trama "artificial" sobre el presunto desvío de dinero público del Ayuntamiento de Telde a favor del PP, cuando debió de haber indagado sobre los años anteriores a 2003.

Por su parte el letrado Álvaro Campanario, defensor de otro de los acusados, ha subrayado que la presión que se generó sobre los implicados en este caso en su día fue tal, que, a su juicio, está detrás del suicidio de la edil Obras Públicas y Contratación, María Antonia Torres, señalada por el fiscal como la cabecilla de la trama.

El juicio del "caso Faycán" ha quedado hoy visto para sentencia tras doce sesiones repartidas en dos meses, muchas menos de las inicialmente previstas, porque 21 de los procesados (funcionarios municipales, empresas y cargos públicos de la segunda ciudad de Gran Canaria) se declararon culpables de haber pagado o cobrado comisiones a cambio de tratos de favor por parte del Consistorio.

El fiscal Luis del Río ha considerado probado que tras las elecciones de 2003, en el mandato del PP-AFV-Ciuca, varios componentes de ese gobierno acordaron organizar un sistema para financiar al PP primero y después para enriquecerse los participantes de la trama con el cobro de comisiones ilegales a las empresas para adelantar pagos del Ayuntamiento y adjudicar obras.

Del Río solicita para los siete acusados que defienden su inocencia penas que no superan los dos años de prisión por delitos de prevaricación, cohecho, falsificación de documentos, contra el mercado, malversación, fraude y blanqueo de capitales, al considerar que se debe aplicar a todos ellos la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas.

Esta atenuante también la tuvo en cuenta el fiscal con los otros 21 acusados que se han conformado con condenas que tampoco superan los dos años por su participación en esta trama.

Según Del Río, para poder actuar como lo hicieron fue determinante la decisión del entonces alcalde Francisco Valido de anular las órdenes de pago de 2003, contar con empresas dispuestas a pagar comisiones y el no disponer de un plan de disposición de fondos al que estaba obligado el Ayuntamiento.

Además, sostiene que fue esencial la actuación del asesor de la concejal María Antonia Torres, Francisco Gordillo, acusado que reconoció los hechos durante la instrucción y que era el que se ponía en contacto con las empresas para que abonaran las comisiones que después repartía la edil fallecida, según ha recalcado Del Río.

El fiscal ha pedido a la sala que valore las declaraciones que prestó inicialmente Gordillo, ya que en el juicio alegó problemas de memoria cuando fue interrogado sobre los hechos, si bien las defensas han reclamado al tribunal que no tenga en cuenta nada de lo aportado por esta persona por su "falta de credibilidad".

El juicio ha concluido con el derecho a la última palabra que han ejercido solo dos de los acusados, el que fue secretario de Ciuca cuando se constituyó como plataforma ciudadana, Agustín León Suárez, y el empresario Domingo Juan Campos, quienes han insistido en su inocencia y en los "errores" cometidos en las diligencias y en el "calvario" que han pasado estos años.

Los abogados han coincidido en que en este juicio no están los "principales implicados" en esta trama y han lamentado que el fiscal no haya expresado su preocupación por el "circo mediático" en que se convirtió el caso desde sus inicios.

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