La Federación de Administraciones Públicas de Intersindical Canaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que más de 350 docentes de Canarias realizan tareas administrativas en consejerías y organismos autónomos del Gobierno regional.
Según ha informado hoy en conferencia de prensa su secretario de organización, Rafael Rodríguez, la denuncia a la Fiscalía sustenta presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Rodríguez ha especificado que el sindicato, que representa a los funcionarios y laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias, tuvo que recurrir al Comisionado de la Transparencia para poder conocer los datos de unos nombramientos que califica de "graves y fraudulentos".
La organización sindical "exige" que haya una disminución gradual de este personal que desempeñan funciones administrativas y se creen plazas para personal funcionario y personal laboral, en las Relaciones de Puestos de Trabajos (RPTs).
La denuncia subraya que más de 350 docentes (hay otros 70 casos que si están justificados, según el sindicato) se encuentran fuera de las aulas realizando tareas administrativas en distintas consejerías del Gobierno de Canarias.
Rafael Rodríguez ha explicado que se trata de nombramientos, consentidos por la Dirección General de la Función Pública y validados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que el sindicato considera "graves y fraudulentos" y que suponen un alto coste económico.
En esa línea, ha señalado que, tras meses de espera, ha conocido el número de docentes que están desempeñando funciones de índole administrativo en puestos que no están creados en las RPTs de los servicios centrales y territoriales de las distintas consejerías del Gobierno, principalmente, en Educación y Universidades.
En la actualidad, el sindicato realiza un estudio detallado de las funciones de cada uno de los docentes que desarrollan tareas meramente administrativas en centros directivos.
Según Intersindical Canaria, la Consejería no ha contestado a sus solicitudes de información, "incumpliendo con las buenas prácticas que se le supone", y especifica que la cifra supera los 350 docentes dato que entiende se ha incrementado en el curso escolar 2017-18.
Rodríguez ha apuntado que el hecho de que docentes sustituyan al personal de la administración pública en sus funciones supone un "alto coste para las arcas" de la Comunidad Autónoma, unos 18 millones de euros al año, "equiparable a tener en marcha unos 30 colegios más".
"Además supone una disminución del número de efectivos en las aulas y sus consecuencias negativas en el sistema educativo canario", ha agregado el sindicalista.
Los docentes que realizan funciones administrativas reciben un sobresueldo extra mensual que oscila entre los 224 y los 395 euros, según el tipo de coordinación que reciben, "utilizando el subterfugio de los nombramientos de docentes para programas educativos, puestos especializados de apoyo o asesoramiento técnico educativo, para nombrarlos de forma ilícita e ilegítima para centros directivos del Gobierno canario", ha destacado Rodríguez.
"Se da la paradoja de que están realizando funciones que con anterioridad eran realizadas por funcionarios o personal laboral de Administración General, y ahora la realizan docentes, grupos A1 y A2, con un aumento considerable en las retribuciones realizando el mismo trabajo", ha añadido.
Intersindical Canaria estudia acciones legales a emprender para acabar con unos nombramientos que califica de "graves y fraudulentos" y que considera que históricamente han sido consentidos y validados por la Dirección General de la Función Pública, la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios y la Intervención General de la Comunidad Autónoma EFE.
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