En una jornada marcada, inicialmente, por el aplazamiento del pleno para renovar órganos claves del Parlamento regional, al final ganó la lógica y el foco auténtico se puso enseguida en el debate del estado de la nacionalidad, como reclamaba desde hace días CC.
Una ocasión en la que, de nuevo, el presidente dijo hacer un discurso realista y optimista, pero también autocrítico, por mucho que no convenciera a casi ningún grupo, ni siquiera a ese PP con el que el PSOE lo ve en un "innegable pacto". Eso sí, y como casi siempre en un día así, Fernando Clavijo logró colar anuncios de cierta enjundia en medio de una lectura sin grandes inflexiones de voz, como la diferenciación, ahora, en urgencias sanitarias entre los mayores y el resto por el problema del envejecimiento. También el realce de datos sobre listas de espera, como que bajaron un 16,5% en 2017 en operaciones quirúrgicas y un porcentaje muy similar en las consultas, cuando su previsión se limitaba a una rebaja del 3 al 5%. Sobre los tiempos de espera, en cambio, no concretó, para apuntar que había sido "muy significativa".
El líder de CC, por supuesto, concibe esa reducción global como un gran éxito de su apuesta por una gestión sanitaria más eficaz, aparte de haber contado con el mayor presupuesto de la historia en 2017, que seguirá creciendo en 2018, con 231 millones más y con un reciente acuerdo con los agentes del subsector en pro de la paz social y la calidad. No obstante, y sobre las esperas, optó por la prudencia y volvió a barruntar otra bajada del 3 al 5 en 2018, aunque dejó entrever que confía en repetir un porcentaje similar a ese 16,5%.
A su juicio, para ese logro ha sido clave la atención por la tarde y los fines de semana. Además, subrayó los 18 millones de consultas especializadas y primarias, los "más de 3 millones de urgencias y 104.000 operaciones quirúrgicas".
Sin embargo, cree fundamental seguir abordando las urgencias y aludió a los 191 trabajadores incorporados para desarrollar 20 acciones concretas en esto, aunque fue cuando advirtió de que, en 2030, habrá 500.000 mayores de 65 años. Por eso, y seguramente en su anuncio con mayor relieve en perspectiva histórica, se refirió a "la creación de urgencias geriátricas con un protocolo específico" para agilizar las pruebas diagnósticas a mayores, el acompañamiento familiar, la salida "rápida a camas sociosanitarias en centros de menor nivel asistencial y protocolos de atención urgente específica". Un proyecto a completar con una atención primaria "preferente" que facilite también la derivación a urgencias y atendiendo a que, pese a que se incorporarán 4.460 plazas sociosanitarias, serán claramente insuficientes, como asume Valido.
Este énfasis en la sanidad lo ligó enseguida a la futura ley de Servicios Sociales, que cree imprescindible tras más de 30 años de la vigente y que espera que salga muy mejorada del trámite parlamentario. No obstante, resaltó que, en 2017, se resolvieran 5.417 expedientes de dependencia, remarcando que, desde 2016, se han dado más altas que en los 10 años previos. También realzó los 53 millones para la PCI, que defendió en contraste con la, en su visión, inviable renta básica de Podemos, sin olvidar el nuevo Plan de Vivienda.
Además, y en este apartado, logró el aplauso de su bancada al mostrarse muy contundente contra la violencia de género y afirmar que, tras el último 8 de marzo, nada será igual. "Que no sean necesarios más minutos de silencio", reclamó, al tiempo que aludió a la reciente concertación social y su rechazo a toda discriminación hacia la mujer.
Aunque en el intercambio vespertino sí aludió a las pensiones, especialmente a las no contributivas y en respuesta al PSOE, en su discurso se echaron de menos más referencias a esto, aunque chocó más que los socialistas no le recordaran que, este mismo lunes, el alcalde de La Laguna (CC) anunciara un millón de euros locales para esas pensiones, lo que contradice la negativa del Gobierno regional a los 50 que propuso el PSC en una de las enmiendas a las cuentas de 2018, algo apoyado hasta por ASG, aunque no por el PP.
Hasta estos apartados, el discurso, de 31 páginas y una hora de duración (con lo que renunció a 20 minutos), había sido casi idéntico al de 2016. Contextualizando su apuesta por recuperar el diálogo con Madrid, subrayó logros como el otro 50% del IGTE que se convirtió en el Fdcan (cuyo destino en San Bartolomé a obras menores recriminó por la tarde a la portavoz socialista, Loly Corujo). También la recuperación de convenios (confiando en firmar pronto el nuevo de vías y criticándole al PP las recientes sentencias), aparte de sacar el REF de la financiación, aumentando así las aportaciones.
Por supuesto, abogó por el mayor consenso posible (con especial petición a Podemos por la tarde) para luchar por el nuevo REF económico, el Estatuto, los perjuicios del "brexit", la doble insularidad o el reforzamiento de la condición RUP con una única voz, no solo de los partidos, sino social. Una petición que entronca con esa construcción de una Canarias unida que reivindica desde que gobierna, con 8 islas (La Graciosa incluida) y de una misma velocidad, aunque tengan modelos económicos diferentes.
También hizo un claro guiño a NC y a la unión del nacionalismo por lo que consiguen en Madrid (entre otras cosas, que "se respete" más a las Islas), recordando no solo lo obtenido con las cuentas de 2017, sino la posibilidad de que, ahora, se rebajen también los billetes hacia la Península de un 50 a un 75%.
Además, y en algo muy habitual del PP, insistió en que la mejor política social es la creación de empleo de calidad y, si bien dijo que nada es suficiente, recordó (ya por la noche) que había casi un 33% de paro a su llegada y que seguramente se cierre en un 20. Entre otros datos, en esto destacó los 31.281 cotizantes más en 2017, un 4,1% de subida, situándose como tercera región en esto.
Tras su anuncio sobre las urgencias geriátricas, el siguiente que detalló fue el de un bono residente canario con el que quiere reforzar el uso del transporte público. Para ello, se destinarán 30 millones y, en coordinación con los cabildos, se contempla habilitar líneas de guaguas gratuitas en ciertos momentos, ayudando así a corregir las colas y la lucha contra la contaminación y el cambio climático.
Fue entonces cuando ahondó en el futuro energético, si bien obvió la palabra gas y las polémicas derivadas de los últimos meses. En contraste, resaltó lo que presenta como una gran apuesta por las energías limpias y reiteró que, en 2025, supondrán el 50% en las Islas y, en 2050, el 100%. Además, recordó que, en 2015, había 330 megawatios y que, este año, se alcanzarán los 660, duplicación inédita en Canarias hasta ahora. Asimismo, y desatando una de las reacciones más sonoras de los suyos, remarcó que, en 2017, el 100% de las renovables habilitadas en España se dio en Canarias, esperando que, a finales de 2018, la eólica generada cubra a 400.000 hogares, la mitad de los que hay y en claro contraste con los 145.000 dotados en 2015.
En este mismo ámbito, anunció 800.000 euros para aumentar el autoabastecimiento de energía limpia en centros docentes y presentó como "imprescindible" que se desarrolle un plan de choque, ahorro y eficiencia energética. No obstante, su mayor anuncio fue la eliminación del IGIC para "todos" los vehículos híbridos y eléctricos, y bicicletas.
Sobre los vertidos, subrayó que ya se dispone del censo y que se trabajará junto a cabildos y consistorios para abordarlos mediante el convenio hidrológico con el Estado, que incluye 185 obras, tal y como le recordó ya casi por la noche a Noemí Santana (Podemos), a la que le recalcó la imposibilidad de una renta básica porque supondrá más de 700 millones anuales. Además, le reprochó que, como portavoz, cobra más que él "y, cuando quiera, le enseño la nómina". Santana, eso sí, le recordó que cobran lo que supone tres salarios mínimos y, lo demás, lo destinan a obra social.
Del sector primario, en su discurso destacó el adelanto del pago del Posei adicional, los 22 millones para modernizar las explotaciones o la aparición de 250 empresas agrícolas y ganaderas de menores de 40 años por el apoyo regional de 14 millones, al tiempo que se respalda el autoabastecimiento y los vínculos al subsector turístico. De este otro ámbito, sobresalió su reivindicación del nuevo decreto para regular el alquiler vacacional y que un trabajador pueda alquilar.
Asimismo, aludió a los 124 millones devueltos con la rebaja fiscal a 630.000 contribuyentes y 28.000 autónomos, sin dejar fuera los pasos dados para la internalización de la economía, su apoyo a los "esports", el impulso a la industria audiovisual, la rebaja del IGIC cultural, la vuelta de jóvenes formados y que realzan la investigación y el desarrollo, los 14 BIC nuevos o la nueva Ley del Deporte.
Como cierre, apeló, de nuevo, a dejar atrás "errores históricos como el insularismo insolidario y la invocación del pleito insular", apostando por discursos coherentes que no dependan de si se está en Madrid o en una u otra isla.