La Dirección General de Función Pública del Gobierno canario está trabajando en un protocolo para abordar los casos de acoso laboral, sexual o por razón de género en la administración. La mesa de negociación -en la que están presentes sindicatos, técnicos y representantes políticos- se conformó en enero y el objetivo es que esta herramienta esté consensuada y aprobada a mediados de año.

El director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez, explica que en los últimos años se ha constatado un aumento de las denuncias de acoso entre la plantilla de empleados públicos, pero que el Ejecutivo desconoce si es consecuencia de un incremento de estas situaciones o que hay una mayor visibilización de ellas. Añade, además, que algunas de estas reclamaciones no encajan dentro de los parámetros en los que se enmarca una situación de acoso y que son tratadas como conflictos laborales.

Hasta ahora, los trabajadores que han visto vulnerados sus derechos y han querido denunciar una situación de acoso lo han hecho a través de un protocolo "similar", pero "extraoficial", explica el responsable del área.

"Lo que realmente estamos haciendo ahora es perfeccionar un protocolo que ya estaba en funcionamiento, pero a nivel interno, por parte de la Dirección General de Función Pública", señala el director. "En diciembre del año pasado llevamos a la Mesa General de Empleados Públicos una propuesta de protocolo de actuación en estos supuestos. Se entendió que era conveniente someterlo a una mesa técnica en la que estuvieran presentes delegados de prevención de riesgos laborales de los sindicatos y de la comunidad autonómica", resume.

El procedimiento actual, con el protocolo no oficial, establece que una vez que la persona presuntamente víctima de acoso laboral registra su queja, se lleva a cabo un análisis para ver si esta cumple los requisitos de veracidad.

Una vez que se ha "autentificado" la reclamación, se constituye una comisión de investigación en la que están presentes miembros de la Dirección General de Función Pública, del departamento donde presta servicio la persona que ha denunciado -y en la mayoría de los casos también denunciado- y representantes sindicales, detalla Rodríguez.

A lo largo de este procedimiento es cuando se determina si se está ante un supuesto de acoso laboral o sexual o ante un conflicto entre trabajadores que no alcanza este rango.

El Gobierno canario ha tomado como guía el protocolo contra el acoso laboral de la Administración General del Estado, aprobado en 2011 para combatir esta vulneración de derechos. No obstante, Rodríguez precisa que ese modelo o se ajusta al cien por cien a la realidad de la Comunidad Autónoma y que no podría asumirse sin cambios.

El protocolo incluirá definciones de conceptos técnicos, que permitan, entre otras cosas, determinar qué es mobbing y qué es acoso sexual o por razón de género.