La discapacidad no debe ser una excusa para promover jubilaciones forzosas y "descapitalizar" las plantillas. Representantes de policías locales y del Cermi comparecieron ayer en el Parlamento autonómico, en el seno de la comisión de Discapacidad, para pedir que España, y Canarias, cumpla los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y no desperdicie el conocimiento y la experiencia de estos profesionales.

Su visita se enmarca en una reivindicación a nivel estatal que está haciendo el colectivo y que le ha llevado a denunciar casos de discriminación incluso ante Naciones Unidas. En Canarias, su demanda tiene más eco, ya que coincide con el impulso a la nueva ley de coordinación de policías locales del Archipiélago.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, que fue el primero en intervenir ayer, lamentó el papel que han asumido las administraciones hasta ahora, promoviendo la expulsión de profesionales que han sufrido alguna discapacidad, muchas veces en el desempeño de su trabajo. "Les pedimos que en el próximo texto legislativo se tenga en cuenta esta injusticia", defendió ante los diputados. La discriminación no es idéntica en todas las regiones, pero hay pocas comunidades que hayan avanzado en este sentido.

El presidente de la Asociación para la Integración Laboral de Policías Locales con Discapacidad (AILPOLD), Vicenç Flores, dijo que en Canarias, de los 3.100 agentes que conforman la plantilla de policías locales, alrededor de 300 sufren alguna discapacidad, y recordó que apartarlos de su trabajo no solo es una forma de discriminación, sino también una pérdida de personal de unas fuerzas de seguridad que ya tienen déficits importantes.

Insistió en la posibilidad que existe de que los trabajadores sean recolocados en puestos de segunda categoría -por ejemplo, administrativos- y que no se vean obligados a abandonar su empleo, que también es una forma de dignificar sus vidas. "Estos profesionales tienen un gran conocimiento que no se tiene en cuenta", lamentó.

El representante de AILPOLD en Canarias, Jonathan Rodríguez, policía local de Arrecife, relató su propia historia, de cómo fue apartado del cuerpo después de sufrir una lesión de hombro mientras trabajaba una noche en una zona de ocio de la Isla, que le ha dejado con una discapacidad reconocida del 33%.

Esta "escasa" consideración por parte de la administración está haciendo, según Flores, que muchos policías "escondan" sus dolencias, lo que también puede generar un problema de seguridad. "En Canarias estamos a tiempo de evitarlo", planteó.

A esta realidad se une, alertó, la tasa de suicidios entre estos profesionales, un asunto complejo y duro que hay que abordar, defendió Flores.

Cambios en la Ley de Servicios Sociales

La nueva Ley de Servicios Sociales también centró la atención de la comisión de discapacidad del Parlamento canario. Saray Rodríguez Suárez, en representación de la Fundación Tutelar Canaria ADEPSI, planteó la necesidad de mejoras en la ley que se está tramitando en el parlamento, de manera que se obtenga más seguridad jurídica para aquellas personas con discapacidad, jóvenes o mayores, que necesitan una tutela. Advirtió del riesgo de exclusión social al que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual que son atendidas en recursos sociales. En Gran Canaria, según un estudio, afecta a cuatro de cada diez de estas personas.