El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Santa Cruz de Tenerife ha negado a la empresa Videoreport su petición de aplicar medidas cautelares provisionalísimas sobre el procedimiento de negociado sin publicidad en marcha para la adjudicación de los servicios informativos de Televisión Canaria (TVPC). Esto supone que el administrador único de TVPC, Santiago Negrín, puede seguir adelante con la apertura de los sobres de las tres empresas que se han presentado, Videoreport Canarias, Nuntium TV y Liquid Media.
La empresa Videoreport Canarias exigió el pasado 4 de abril al juzgado que decretase suspender el procedimiento de negociado de manera inmediata sin dar audiencia a la Administración recurrida. El juez no aprecia una urgencia que "impida escuchar a la Administración antes de decidir la medida cautelar solicitada" e insta a Videoreport a que presente una solicitud de medida cautelar ordinaria en la que TVPC pueda presentar sus pertinentes alegaciones.
Pero el juez Jorge Riestra Sierra va más allá en su auto conocido ayer. El magistrado presenta "serias dudas" de que sea competencia de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo manifestarse sobre este procedimiento. Riestra realiza un exhaustivo examen competencial sobre del recurso interpuesto para concluir que, según su criterio y a la espera de que se pronuncie el Ministerio Fiscal y las partes afectadas, la competencia sobre este asunto corresponde al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (TAC).
Precisamente, el TAC está pendiente de pronunciarse sobre el procedimiento abierto declarado desierto por Negrín a petición de la Mesa de Contratación, tal y como le instó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas. Tribunal que, por cierto, también se declaró incompetente en este asunto al tener su sede tanto Videoreport Canarias como TVPC en Santa Cruz de Tenerife.
"La seria duda competencial exige prudencia para no irrumpir con una medida cautelar que puede afectar a un procedimiento de contratación administrativa que afecta a otros licitadores", opina el magistrado de lo Contencioso-Administrativo nº 1, quien añade, "y cuyo conocimiento definitivo tiene el aspecto de no corresponder a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, sino a un órgano específico por atribución legal", es decir, el TAC. Con esta afirmación, el juez deja claro que se puede seguir adelante con el procedimiento de negociado sin publicidad.
En su escrito, el juez destaca que tanto el ente público RTVC como la Televisión Pública de Canarias "son poder adjudicador" y añade que TVPC es el órgano de contratación del concurso de informativos como sociedad mercantil de titularidad pública y que, por lo tanto, el TAC es quien debe pronunciarse sobre sus procedimientos de contratación recurridos.
Lío judicial
La sentencia emitida ayer se suma al galimatías judicial al que Videoreport Canarias está envolviendo al concurso de informativos. En una clara maniobra obstruccionista para evitar una adjudicación fundamental para la continuidad de TVPC, la actual adjudicataria del servicio ha presentado recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias; las salas de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia; los juzgados de lo Contencioso? teniendo poca suerte en sus pretensiones hasta el pasado lunes en el que el mismo juzgado que se considera incompetente, pero distinto juez, en este caso Francisco Úbeda Tarajano, accedió a aceptar medidas cautelares de suspensión del procedimiento abierto que ya fue declarado desierto por Negrín.
Poder adjudicador
Cabe destacar que el auto del pasado lunes, del juez Francisco Úbeda, no tiene en cuenta en todo el texto que es Televisión Pública de Canarias, una sociedad mercantil, la que adjudica el concurso de informativos por un montante de 144 millones, sino que se centra en el Ente público RTVC. Precisamente, el artículo 15.4.k ,en el que juez sustenta que Negrín actuó de manera "esperpéntica" al convocar el concurso sin el Consejo Rector, habla de contratos plurianuales de más de un millón de euros del Ente público de RTVC, pero no de sus mercantiles. Por su parte, el juez Jorge Riestra sí diferencia en su auto entre los poderes adjudicadores del Ente público y Televisión Pública de Canarias.